lunes, 16 de septiembre de 2019

INUNDACIONES, CATÁSTROFES NATURALES O DESASTRES FINANCIEROS ¿QUÉ ES PEOR?

CATÁSTROFE NACIONAL ESCALA 517


Artículo 47 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.  

En España hay unos 27 millones de viviendas, cerca de 50.000 están en zonas susceptibles de ser inundadas, sin embargo las pendientes de resoluciones hipotecarias o bajo la espada de Damocles de los desahucios se cuentan por cientos de miles.

El mayor grado de inseguridad en los hogares españoles ya no se debe a desastres naturales, terremotos o inundaciones; cuando acabe 2019 cerca de 400.000 desahucios se habrán consumado en España desde que la crisis fabricada a base de especulación reventó las expectativas de millones de ciudadanos.




Queridos seguidores, tras los comentarios recibidos por la publicación de mi último artículo "llanuras de inundación: planificando una retirada no una derrota" y la entrevista publicada en eldiario.es en ese mismo sentido de remarcar la radicalidad de las acciones que como sociedad vamos a tener que llevar a cabo, tanto si nos gusta como si no, hay quienes opinan que la virulencia y frecuencia creciente de los eventos extremos no estaría justificada. Por ello decidí publicar esta pequeña explicación en una red social que ayudaría a ver la dificultad de ser tajantes con respecto a afirmar si los eventos extremos que vivimos son debidos o no al calentamiento global. No obstante creo que una retirada de las áreas conquistadas de manera irracional, como comentaba en el artículo, es la única solución práctica e inteligente, por muy radical que parezca.

Obviamente hay opiniones para todos los gustos e incluso salieron a relucir las declaraciones de José Antonio Maldonado. Nuestro admirado meteorólogo tiene razón en lo que concierne al fenómeno atmosférico, siempre ha habido gotas frías, nadie lo niega. Desde su punto de vista estaría por demostrar que se trate de un efecto del cambio climático, por lo tanto está por demostrar que no lo es.

Lo que sí está demostrado es que las frecuencias de estos eventos extremos son mayores y también que el gradiente y por tanto la oscilación del chorro de aire que provoca la gota fría que comento de una manera asequible para el gran público en esa red social, también ha cambiado en amplitud. Ahora viene la cuestión urbanística, la que tratamos en el artículo referenciado arriba y en la entrevista de eldiario.es. Es precisamente la cuestión más importante porque hemos conquistado y nos hemos apropiado de espacios que apenas conocemos, pero menos aún podemos controlar. Por eso mi artículo iba encaminado a hacer una introspección sobre cuál o cuáles fueron las circunstancias que nos empujaron a especular con el territorio y acabar sucumbiendo ante la fuerza del agua y la explosión de las burbujas especulativas.

La mentalidad especulativa y de corto plazo, no permite el desarrollo de grandes proyectos ni sociales ni empresariales. Además empobrece a los individuos y a la sociedad, ejemplos históricos hay muchos. Cada vez que nos enfrentamos a los efectos del último desastre, se estudian, testifican y publican siempre un mismo conjunto de pésimas configuraciones en lo referente al diseño de edificios, distribución del territorio, y falta de estudios de carácter geotécnico o de riesgo, pero desde que esto se viene haciendo, sistemática y reiterativamente vuelven a aparecer en los siguientes eventos los mismos fallos denunciados meses o años antes.

Una catástrofe no natural

A pesar de la gravedad de los acontecimientos por la gota fría vivida en septiembre de 2019 en España, como complemento tenemos que contrastar lo sucedido con lo que sí es una auténtica catástrofe nacional y además permanente, y no, no es natural. Desde el inicio de esta crisis —que nunca va a terminar, dado que las TRE de todas las fuentes de suministro son inevitablemente decrecientes— y tras la caída de Lehman Brothers en 2008, los científicos y técnicos que trabajamos en prevención y gestión de riesgos naturales, observamos cómo las mayores pérdidas de viviendas y entornos urbanos sanos en el Estado no son debidas a desastres naturales como terremotos, inundaciones o deslizamientos de tierras, sino a desastres financieros, en especial las debidas a los desahucios, inevitable final para y por la especulación con el suelo que nos sustenta.


CGPJ: en España hubo casi 60.000 desahucios en 2018

El CGPJ ha confirmado en un informe que en España hubo casi 60.000 desahucios en el año 2018. La pobreza creciente tiene más que ver con cuestiones de gestión que con las anunciadas e inevitables caídas de las TRE. 

La especulación con el territorio impulsa a urbanizar lugares que nunca antes fueron objeto de deseo urbanístico por su vulnerabilidad, además produce burbujas; las burbujas siempre explotan y también se llevan por delante las viviendas de los ciudadanos, pero se las llevan en una medida cuantitativa que supera con creces las debidas a terremotos, inundaciones y otras catástrofes llamadas naturales.

El sentir de impotencia es manifiesto en el colectivo que trabajamos en la prevención y gestión de desastres naturales (o no tanto), ya que a los realmente importantes, los desastres financieros, deberemos sumar los casos de explícita falta de previsión urbanística y energética. Las cifras son escalofriantes, hablamos de más de 160 desahucios diarios.

La crudeza de los números

No es fácil encontrar datos que indiquen la cantidad de vivienda abandonada por catástrofes naturales, normalmente el consorcio de seguros o las aseguradoras ofrecen cifras económicas. Sin embargo el IGN ha publicado esta ficha que abarca desde 1953 hasta 2007 desarrollada por el CRED y que nos indica que en esos 54 años hubo unas 6.000 pérdidas del hogar por causa de las inundaciones, algo más de 110 al año. Está claro que las cifras y las medias bailan de un año a otro y que la fiabilidad es muy relativa, pero hablar de un problema de abandono de los hogares de 60.000 al año por desahucios, frente a 110 por inundaciones da una idea del problema que quiero reflejar.

En España hay unos 27 millones de viviendas, cerca de 50.000 están en zonas susceptibles de ser inundadas, sin embargo las pendientes de resoluciones hipotecarias o bajo la espada de Damocles de los desahucios se cuentan por cientos de miles.

Ficha del CRED: desde 1953 hasta 2007 hubo unas 6000 pérdidas del hogar por causa de las inundaciones.

Con motivo de las inundaciones de septiembre de 2019 en el levante español, el Gobierno de España envió aproximadamente 1.100 militares de los tres ejércitos y de la UME a la zona, fueron desplegados por la Vega Baja y Murcia para reforzar las labores de recuperación y rescate. A pesar de que la especulación y la derivada pobreza que acarrea para las comunidades es manifiestamente de una magnitud mucho mayor, aún estamos esperando la movilización de medios y efectivos para atajar tamaña sangría.

La especulación no es ilícita, pero las leyes del suelo reglan medidas para impedirla y facilitar la efectividad del derecho de acceso a una vivienda, "segura y digna". El mayor grado de inseguridad en los hogares españoles ya no se debe a desastres naturales, terremotos o inundaciones; cuando acabe 2019 cerca de 400.000 desahucios se habrán consumado en España desde que la crisis fabricada a base de especulación reventó las expectativas de millones de ciudadanos.

La primera Ley del Suelo que intentó frenar esta práctica data de 1956, luego vino la de 1975, siguiendo por las de 1990, 1998 y 2007, todas se marcaron como objetivo regular medidas para impedir la especulación. Hoy a la luz del artículo 47 de nuestra Constitución podemos presumir de ello sobre el papel:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Además nos obliga a articular herramientas para contener la especulación, sigue: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Como vemos el objetivo a cumplir está cada día, cada mes, cada año y cada década más lejos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) precisa en un informe, que desde el inicio de la crisis económica hasta 2018 se han efectuado 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Las estadísticas indican que un 34% de los suicidios que se producen son por causa de los desahucios. Cerca de 6.000 de las 18.000 personas que desde 2007 decidieron acabar con su propia vida, unas 500 al año. Siguiendo con los datos del CRED cada año morirían 23 personas a causa de las inundaciones. Por cada víctima debida a esas catástrofes climáticas, 21 personas deciden quitarse la vida a causa de esa catástrofe financiera derivada de la especulación con el territorio, algo que ni la Constitución ni las sucesivas leyes del suelo son capaces de contener.

No hay comentarios: