¿PADECEMOS CORRUPCIÓN
HIDROELÉCTRICA?
Queridas y queridos lectores, hoy llega a las librerías este trabajo impulsado por David García-García y Guillermo Santander-Campos desde la Universidad Complutense de Madrid para Siglo XXI Eds. Nos lo ha prologado Joaquim Bosch y he tenido el honor de participar en el tercer capítulo titulado «Corruptos y corruptores». Mi texto «¿Padecemos corrupción hidroeléctrica?» es una deuda y una denuncia que da voz a quienes padecieron décadas de sufrimiento, muchas veces para nada, por pura codicia y mezquindad.
Hace hincapié en las agresiones, la violencia y los destrozos o total destrucción a comunidades de seres vivos, incluidas las humanas, adaptadas a su territorio por siglos. La mayoría fueron perpetrados por un entramado difícil de esclarecer —por lo expuesto al principio— del que formarían parte el propio Estado, administraciones corruptas y empresas públicas y privadas carentes de escrúpulos y de toda ética.
En el tintero quedaron ejemplos sangrantes y vergonzantes como Itoiz, Riaño, Vega de Tera, Tous o tantos otros que nos limita la falta de espacio. Me centré en los que me tocaron de cerca por cuestones humanas o profesionales. Publico aquí el escrito inicial, más extenso que el finalmente aparecido en el libro, y es que habiendo participado decenas de autores, tuvimos que acortar nuestros textos. En cualquier caso, pero con más detalles, el mensaje es el mismo. El libro ya se puede adquirir en librería u online por los métodos habituales.
¿PADECEMOS CORRUPCIÓN HIDROELÉCTRICA?
Intentar hablar en España de
corrupción en el ámbito de la energía hidroeléctrica es una labor que puede
llevar a la desesperanza, y es así por la práctica imposibilidad de delimitar con
precisión el espacio donde ésta se produce. Pero, aunque no podríamos definir de
manera contundente lo que es «corrupción hidroeléctrica» en sentido estricto,
existe todo un universo de irregularidades, algunas muy dolorosas, alrededor de
esta forma, seguramente la más limpia y sostenible, de generación de energía
eléctrica. Desde la planificación de los proyectos de infraestructura,
embalses, redes de distribución, expropiaciones o regulaciones, hasta la
demolición y renaturalización podemos localizar dichas irregularidades en
diferentes eslabones debido fundamentalmente a varios factores:
- Una falta de supervisión o reacción tardía de los reguladores
ante las irregularidades. En este ámbito se encontrarían las administraciones
públicas y los organismos de control, lo que permite que las irregularidades
pasen a no ser investigadas después de denunciadas o se haga años después sin
consecuencias legales tras el daño infligido al medio natural o a comunidades
enteras.
- La ausencia de transparencia en las concesiones,
regulaciones o decisiones sobre, por ejemplo, cuándo cerrar o abrir embalses
independientemente de los beneficios sociales y económicos derivados hacia la sociedad.
Las compañías hidroeléctricas se benefician económicamente si reducen la
generación barata (la hidroeléctrica lo es, especialmente porque prácticamente
no hubo inversión por parte de los gestores, ya que la práctica totalidad de la
infraestructura ha sido sufragada por la ciudadanía para satisfacer sus
necesidades) y que entre más electricidad cara (ciclo combinado, nuclear,
cogeneración) dejando ver que hay un claro incentivo perverso y de lucro.
- Cuando los caudales fluyentes no son suficientes para
mover las turbinas o incrementar su rendimiento porque se vive, por ejemplo,
una sequía, en los momentos en que la demanda eléctrica es mayor y, por tanto,
su precio es más alto, el sistema hidroeléctrico es el que más rápido puede
responder como respaldo. En estas circunstancias se han producido casos que han
supuesto un atentado a las condiciones de sostenibilidad de ecosistemas por embalsadas
repentinas o por privación del derecho al agua para el uso de la sociedad.
Controlar y eliminar estas embalsadas e incluso las instalaciones que
las causan provocaría una mejora sustancial en la calidad ambiental de cientos
o miles de kilómetros de cursos fluviales. Existe jurisprudencia sobre este
asunto: los concesionarios no puedan soltar agua cuando y como les plazca.
- El caso contrario parece que también se ha vivido,
aunque aún estaría por investigar, si la oferta de carácter intermitente
(especialmente fotovoltaica) es muy alta, los precios rondan el cero e incluso
caen a valores negativos con los embalses llenos, entonces puede producirse la sobresaturación
de la red que fuerza a cortes preventivos sin que se prepare el respaldo
hidroeléctrico, ya que deja de ser lucrativo, entonces se producen apagones que
afectan a toda la sociedad.
- Una regulación débil, con vacíos legales e incluso con
leyes cambiantes hechas a la carta, lo que permite que las empresas actúen como
norma general aprovechando vacíos o lagunas normativas que fueron legales en su
momento, aunque cuando se investigan años o décadas después ya no lo sean.
- Generalmente la energía hidroeléctrica va asociada al
sector primario, a la regulación y al consumo urbano e industrial al convivir
los embalses para regadío (más del 80% del uso del agua en España) con la
generación de energía eléctrica y otros usos. Es por ello que en caso de
irregularidades se vuelve enormemente complicado achacar a cada cual su papel.
- Con el pretexto de ser la mejor energía «renovable»,
los estudios de impacto ambiental suelen carecer del rigor exigible a los
proyectos más destructivos. Suelen obviarse datos, dando por aceptables muchos
impactos que inciden negativamente en los ecosistemas naturales y humanos. En
general, el peor de los impactos viene derivado de la consideración sobre papel
de los caudales solicitados y concedidos cuyos volúmenes afectan
significativamente a toda la dinámica geológica, fluvial, flora, fauna y
sociedad. Las correcciones ambientales se suelen limitar a una ineficaz contabilidad
de peces con un mal llamado «caudal ecológico» que suele acabar en un insignificante
10% del caudal medio.
Por lo tanto, en torno a las irregularidades normalizadas en el ámbito de
la hidroelectricidad, vivimos todo un reto para facilitar en el futuro el
aprovechamiento eficiente y sostenible de un recurso (el agua) cada vez más amenazado
que, desde 2010 y gracias precisamente a una iniciativa de un Gobierno de
España con Alemania, es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas,
obligando a los Estados a garantizar que todas las personas tengan acceso a
este recurso universal y derecho humano de manera suficiente, segura, aceptable
y asequible, tanto a saneamiento como para uso personal, doméstico y como
potencial generador de energía. Así que prácticamente nunca hay pruebas con la
fuerza judicial suficiente como para que prácticas que rayan en lo mafioso puedan
ser catalogadas de «corrupción», cohecho, sobornos u otras formas de beneficio
empresarial o personal irregular. Muchas de las investigaciones que se han
abierto han quedado en presuntos abusos de normativa, manipulación económica o,
las más de las veces, en nada debido a la imposibilidad de encontrar
responsabilidades delimitadas en la parte técnica, gestión pública o en la
privada.
A todo ello debemos sumar, desafortunadamente, el hecho de que siguen
existiendo enormes dificultades para la ciudadanía que quiere acceder a datos o
a decisiones internas de las empresas públicas o privadas que gestionan los
embalses, complicando enormemente los procesos judiciales o de investigación. Los
diferentes gobiernos del Estado desde la llamada Transición Democrática
han hecho muy poco por favorecer la transparencia en el ámbito de la gestión
del agua, sea para regadío, generación eléctrica, agua de boca o uso industrial.
Y todo esto sucede, paradójicamente, en el territorio del planeta con mayor
densidad de presas y regulaciones por unidad de superficie, el de más embales
per cápita del mundo o el más seco y amenazado de desertificación de Europa, pero
que más agua exporta: más del doble de la que usamos en los hogares españoles, la
encontramos en los mercados de Berlín, París, Pekín o Londres en forma de
tomate, pepino, jamón o lechuga.
En otro orden de cosas, hablando
exclusivamente de la generación eléctrica, el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) propone que para 2030 el 74% de la generación de
energía provenga de fuentes renovables, por lo que el gobierno español espera
instalar 27.000 MW de potencia hidroeléctrica, prestando especial atención,
después del apagón del 28 de abril de 2025 a la energía hidroeléctrica inversa
como respaldo. La presidenta de Red Eléctrica culpó en su comparecencia a
las empresas eléctricas, y en concreto a Iberdrola (pero sin nombrarla) del
apagón. No obstante, tampoco aclaró por qué no se activaron las centrales
hidroeléctricas para evitar la caída total del sistema.
Tras ese evento surgieron voces que
pusieron en valor la hidroeléctrica de bombeo inverso como la energía de almacenamiento
y respaldo a la intermitencia renovable (eólica y solar) muy por delante del
uso de baterías, caras y de baja durabilidad, por lo que se aprobó una partida
urgente de 750 millones de euros para una planificación que aún desconocemos. De
hecho, hace años que se habló de respaldar con bombeo las centrales fotovoltaicas
de Núñez de Balboa y Francisco Pizarro en Extremadura; hoy todo apunta a que
fue en la primera donde se desató el problema. Iberdrola sigue luchando en el
Supremo para revertir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura que le obliga a desmantelarla y devolver a su propietario el 60% de
los terrenos donde se asienta. Y es que, para poder abastecer toda la demanda
eléctrica esperada, la cual sigue cayendo desde 2008, es necesario fomentar la
combinación de varias fuentes de energía renovable y electrificar de manera
estable una economía que se resiste a desvincularse de la inercia fósil y que
no es capaz de solucionar las cuentas respecto de los materiales geológicos
necesarios para la pretendida transición energética verde. No obstante, las
grandes eléctricas gestionan nada más y nada menos que el 96% de las presas. Así
que el poder de las empresas de energía, asociadas con las de construcción,
acapara la toma de decisiones de una Administración que sigue sirviendo a sus
grandes intereses y no a los de la ciudadanía, como vamos a relatar.
No son casos aislados, la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA) lo ha investigado en todas la cuencas
hidrográficas, más allá de una estructura administrativa formal, «aparecen
síntomas evidentes de usos y procedimientos irregulares y elementos de
corrupción a varias escalas y que afectan a los sectores involucrados,
especialmente en torno a las pequeñas y medianas obras, generalmente con la
connivencia de los gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder
económico de ámbito local o regional». Sus efectos son enormemente destructivos
para el patrimonio humano, natural y social, como es el caso de ciertos
regadíos, centrales hidroeléctricas, dragados de ríos o talas de bosque de ribera
o la absurda idea de la «limpieza de cauces». La FNCA ha apuntado, con toda
razón, a que «la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo» (Nieto,
A. 1997), «cuestión que está fuera de toda duda en
materia hidráulica en España» (FNCA, 2004).
Los casos de irregularidades se han
convertido en algo normal y asaltan de cuando en cuando la actualidad.
Proliferan las enormes partidas presupuestarias destinadas a promover obras sin
motivos de interés general, sin que la gestión de la demanda y el ahorro sean
principios jurídicos como apunta la Directiva Marco del Agua (DMA, 22 de
diciembre de 2000). La vía de la expropiación forzosa, que ha sido un factor
común y la mayoría de las veces sin un claro sentido de bien general, también
ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. En el ámbito de la gestión de
energía hidroeléctrica, como veremos, hemos vivido décadas de abuso, de
opacidad, de falta de transparencia, de desinformación y de represalias.
Como resultado, sigue vigente la
indefensión de la ciudadanía ante el volumen de casos que afloran a la luz pública
y no pueden o no hay voluntad para resolverlos por lo todo indicado. Asimismo,
el desconocimiento de las propias normas, la falta de cultura administrativa,
el complejo entramado jurídico y de derechos históricos en relación a la
gestión del agua en España, el uso de ésta como arma de enfrentamiento político
y el localismo son caldo de cultivo para el lucro de las grandes empresas y la
proliferación de irregularidades y perjuicios para la ciudadanía. Dichas
empresas cuentan con asesores jurídicos y técnicos formados y bien remunerados
para esquivar la normativa y utilizar deliberadamente las enormes lagunas creadas,
fomentando el clientelismo a costa de la salud, la vida de ecosistemas y de los
medios de vida de comunidades humanas adaptadas a la dinámica del territorio
por siglos.
Iberdrola y la
manipulación del precio de la electricidad con el uso de embalses concedidos
En 2013 se acusó a Iberdrola de
cerrar de forma deliberada algunos embalses en las cuencas del Duero, Tajo y
Miño-Sil para reducir la producción hidroeléctrica (que por lo que hemos
apuntado es barata) con la finalidad de disparar el precio de la electricidad,
favoreciendo fuentes de energía más caras para su propio beneficio. La Fiscalía
Anticorrupción solicitó multas y penas de cárcel para varios directivos. En
2024 la compañía es absuelta y en 2025 pide la retirada de la sanción que aún
sigue en la sala de lo contencioso. Añadía el juez en 2024 que «resulta
francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la
realización de algo que entonces no estaba prohibido y por tanto se encontraba
legalmente permitido». Además, el fallo señala que hubo
otras eléctricas que a la sazón también ofertaron precios elevados y sorprendentemente
descarta que Iberdrola tuviese alguna intención de represaliar al Gobierno por
la retirada en los Presupuestos del Estado de 2014 de una partida 3.600
millones de euros a la que se había comprometido el exministro José Manuel Soria con las eléctricas
para paliar el déficit eléctrico.
En 2021, un año que no fue especialmente seco, se repitió el
patrón con el vaciado del embalse de Ricobayo en el río Esla, el mayor de
producción hidroeléctrica de Zamora. Una veintena de municipios se quedaron sin
abastecimiento y desamparados por las leyes españolas apelaron a la Comisión
Europea para reclamar a Iberdrola cambios en la gestión. El embalse pasó en
cuatro meses del 95% de su capacidad al 12% con dos caídas muy bruscas, una en
abril y otra en julio, que la empresa registró en el contexto de subida del
precio del gas y la mayor demanda de producción hidroeléctrica. Estas prácticas
fueron denunciadas ese mismo año en Extremadura y otras áreas de la geografía
andaluza y castellana. También en 2023 y 2024 nos encontramos con el mismo
patrón y las denuncias correspondientes.
No era nada nuevo, ya en 2002 se
denunciaba que las eléctricas usaban el agua de forma injusta, especialmente
cuando los embalses se vacían o se regulan para maximizar beneficios en
momentos de precios altos. Nunca hubo manera de demostrar corrupción, sin
embargo, el bolsillo del consumidor se fue resintiendo con el tiempo a pesar de
la implantación masiva de las llamadas renovables de carácter eléctrico e
industrial (eólica y fotovoltaica) con la promesa del abaratamiento de la
energía. Pero quizás los casos más sangrantes de irregularidad o corrupción no
reconocida sobre el papel vengan del abuso de las grandes empresas, quienes las
financian y quienes desde las administraciones permiten sus excesos y
atropellos, arrasando y demoliendo comunidades enteras expropiadas de manera
forzosa y violenta si perciben un beneficio cortoplacista.
Casos históricos, lecciones aprendidas y no aprendidas
Vamos a analizar someramente tres casos que pasaron a la historia, no sólo
de la corrupción, sino de la vergüenza y la ignominia y que por lo que vemos,
poco hemos aprendido. En el tintero quedan casos terribles con cientos de
víctimas como la catástrofe de la presa de Vega de Tera en Zamora (1959), Torrejón el Rubio en
Cáceres (1965) o la pantanada de Tous en Valencia (1982).
Tampoco vamos a hablar de puertas giratorias, un tema interesante directamente
conectado con la corrupción hidroeléctrica (entre otras) y con las prácticas mafiosas
del oligopolio energético y los partidos políticos denominados de Estado.
El caso de Caldas de Reis
Al igual que en otros momentos
históricos que vamos a explicar, se suele utilizar la violencia para amedrentar
o intentar acallar la razón popular. La Xunta de Galicia, en la presa de Caldas
de Reis (Pontevedra), empleó ilegalmente a las Fuerzas de Seguridad para
expulsar de sus propiedades a sus legítimos titulares. Este es uno de los casos
más evidentes del empleo de bienes y recursos públicos por parte de la Xunta de
Galicia y de Aguas de Galicia, en que, mediante una expropiación ilegal de
bienes privados y el uso de la violencia, se favoreció a una empresa
hidroeléctrica, Cortizo Hidroelectricas Sa. Sobre el proceso penal
llevado ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, los delitos que se
imputaron fueron prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos,
falsedad documental, riesgo catastrófico, estafa, delito contra los recursos
naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio, delito contra el
patrimonio histórico, malversación de fondos públicos y fraude procesal.
Los problemas de seguridad
de la presa eran de tal calibre que la Universidad de Vigo remitió un informe
técnico a la Xunta que contenía conclusiones gravísimas sobre la falta de
estudios geológicos y geotécnicos del anteproyecto, con el peligro de derrumbe.
La Xunta había alegado falta de agua potable, algo que se demostró falso. En
realidad, se pretendía un aprovechamiento hidroeléctrico privado, y como en
este caso no se puede utilizar el procedimiento de urgencia en la expropiación,
se obviaron los plazos y trámites que confieren garantías a la ciudadanía y nos
protegen contra el abuso de la Administración.
Con este proceder, declarando
las obras de utilidad pública y urgente ocupación, se consigue poner al
servicio de las constructoras y concesionarias todos los mecanismos legales que
permiten la ejecución de la obra por un procedimiento que la Ley de
Expropiación Forzosa considera excepcional. Obviamente esto no podía hacerse,
tal como estableció el Tribunal Supremo cuando ratificó que las ocupaciones de
terrenos para la construcción fueron ilegales, lo que llevó a la obligación de
indemnizar a los propietarios y a la crítica de la gestión por parte de la
propia administración. El caso fue tachado de chapuza y corruptela
y generó fuertes críticas y enorme desconfianza sobre la gestión de la Xunta de
Galicia en temas ambientales y de gestión fluvial.
El caso de Jánovas
El proyectado embalse de
Jánovas (Huesca) data de 1951, cuando se adjudicó la concesión a Iberduero (que
en 1992 pasó a Iberdrola) y se declaró de utilidad pública, lo que inició el
proceso de expropiaciones y desalojos de los pueblos afectados. Nunca llegó a
ser una realidad, pero la tortura a que se sometió a la población pasó por décadas
de injusticia, violencia gratuita, rabia, sufrimiento e impotencia. Se
desestimó definitivamente en 2005 y tres años más tarde se inició el proceso de
reversión de los bienes destruidos, dinamitados y expropiados, asumido por la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), es decir, por toda la sociedad
española. ¿Sirvió para algo tanto daño y sufrimiento? Lamentablemente, no. Medio
siglo después, en el año 2000, llegó la declaración de impacto ambiental
negativa del Ministerio de Medio Ambiente. Se zanjaba así una amenaza de
décadas. Habían destruido y arruinado
el pueblo para nada. En 2008 comenzó la reversión de las
propiedades al vecindario, 40 años después de haber sido expulsados a punta de
ametralladora, con voladuras, excavadoras demoliendo viviendas, escuelas... Las
obras de Jánovas habían comenzado en 1995 de forma ilegal, pues no existía
informe ambiental que las avalase. Detrás solo había intereses hidroeléctricos;
el sentido común y medioambiental tardó décadas en aflorar.
Esta historia de memoria y
resistencia, pero también de humillación y abuso de poder, no había escrito su
última palabra casi tres cuartos de siglo después: las familias Garcés y Buisán
llevaron su lucha al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Toni Garcés
no titubeaba: «Nos arruinaron y nadie se pone en nuestra piel. Queremos que no
quede impune». La población de los municipios de Jánovas, Lavelilla y Lacort,
964 personas según el censo de 1960, fue expulsada de forma brutal ante
las inminentes obras para interrumpir el flujo del río y generar electricidad. A
pesar de la prohibición de la inspección provincial de Huesca de clausurar la
escuela de Jánovas mientras hubiera niños, Iberduero decidió cerrarla por su
cuenta: el 4 de febrero de 1966 un operario de expropiaciones derribó la
puerta, arrastró a la maestra de los pelos delante de los niños mientras
gritaba todo tipo de improperios y luego sacó a estos a patadas. Dos familias
resistieron en Jánovas más de dos décadas más: la familia Buisán y la familia
Garcés. Decidieron que no iban a marcharse hasta que las aguas llegaran al
pueblo. Pero nunca llegaron, una segunda evaluación económica no aseguraba los
beneficios económicos arrojados inicialmente. Vivieron entre amenazas y
ataques, talaron sus frutales, les derribaron los corrales…
Finalmente fueron brutalmente
desalojadas en 1984 en plena democracia: «Estuvimos 22 años en Jánovas. Ya se
habían ido todos. Ni había televisión ni nada y aguantamos muy bien», apuntaba
Francisca Castillo de Campodarbe, el pequeño municipio al que se tuvieron que
ir tras ser engañados, pero allí no había nada de lo prometido tras la
expropiación. Entonces intentaron regresar a Jánovas y se encontraron con que
habían dinamitado sus casas: solo quedaban unas montañas de escombros. Con la
compra de las últimas tierras a Endesa, los vecinos de Jánovas que aún quedaban
vivos pusieron fin al prolongado y enrevesado proceso de reversión iniciado en
2008. A fecha de hoy (2025) los vecinos ya han comprado sus tierras a Endesa y
están reconstruyendo Jánovas, solo queda recuperar el molino, pues a Endesa le
resulta engorroso poder devolverlo, pertenecía a una treintena de socios de una
sociedad electro harinera.
Pedro
Arrojo, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza,
fundador de la FNCA y Relator Especial de la ONU por el Derecho al Agua, criticaba
el papel de la Administración que «fue
diligente en sacar patadas a la gente, pero que no lo está siendo en cómo se lo
devuelven ni en cómo supervisan para que el proceso no sea abusivo por parte de
la empresa concesionaria». Tampoco se olvidaba del
deterioro que habían sufrido los bienes públicos: «Había
una línea eléctrica, un puente, viarios y alcantarillados… Eso lo está poniendo
el Estado limpio para Endesa». Mientras, se
confirmaba cómo se iba a indemnizar a la multinacional con dinero público por
el fin de la concesión. De hecho, el Consejo de Estado reconoce en el dictamen
número 711 de 2017 «El derecho a una indemnización económica por
haberse afectado a la empresa concesionaria por una acción pública fallida».
El Estado
reconoce así unos perjuicios a la empresa que niega a las víctimas. Siguen
esperando el prometido plan de recuperación y de infraestructuras.
El caso de Jánovas es paradigmático.
Se fragua a principios del siglo XX, como la mayoría, se inicia con elevadas
dosis de violencia y sufrimiento sin haberse construido, y lo que es peor, se
destruyen el medio natural y el humano sin haberse producido un solo kilovatio
de energía hidroeléctrica. Solo el proyecto costó la muerte de todo un valle,
el desalojo de miles de personas, un deterioro irreversible a la credibilidad
de las instituciones estatales y un sufrimiento que a día de hoy nadie ha
evaluado porque todo el mundo lo quiere olvidar.
Yesa, el enorme pozo sin
fondo de las obras hidráulicas
El problema de Yesa es,
sobre todo, un problema de seguridad que ha derivado en un número tan elevado
de irregularidades y beneficios económicos para los más avispados que parecen
inabarcables. Las obras de la presa de Yesa, situada en Navarra y que inunda
parte del territorio aragonés, comenzaron en 1928 y se inauguraron en 1960. La
construcción provocó la inundación y expropiación de varios pueblos.
El 18 de mayo de 2001, el
exministro del Gobierno Aznar, Jaume Matas, actualmente condenado a varias
penas de cárcel por corrupción, puso la primera piedra entre fuertes medidas de
seguridad y cargas policiales. Se pretendía el recrecimiento de un embalse del
que se quería triplicar su capacidad hasta cerca de los 1500 hm3 para
2006. Sus objetivos iniciales, todos ellos incumplidos, eran la generación de más
electricidad, regadío, más abastecimiento al área metropolitana de Zaragoza, más
usos industriales y mayor regulación fluvial.
Pero tras los grandes
problemas geotécnicos desatados, vividos y sufridos por la población, tuvo que
conformarse con el doble (poco más de 1000 hm3) y llevar su final al
año 2009. Más tarde se dilató hasta 2011, después a 2013, pero tras la
denominada Catástrofe de 2013 (la ladera derecha se forzó a rotura y
deslizó más de 30 cm), se llevó a 2016, luego a 2017, 2019, 2020, 2021, 2023,
2024, 2027, 2029 y las últimas declaraciones del presidente de la CHE, apuntan más
allá de 2031. En 2006, en la ladera izquierda, se produjo un deslizamiento de
3,5 millones de metros cúbicos de tierra que amenazó con un posible rebose. Si
no es por la prensa (El Mundo, 20 de febrero de 2007) nadie hubiese sabido del
peligro que se corrió aguas abajo tras semejante movimiento. La CHE no avisó,
procedió a sellar las grietas y a acumular rocas a pie de deslizamiento con la
esperanza de que quedase estabilizado. Desde el satélite Sentinel1 del
Proyecto Copernicus para el European Ground Motion Service (EGMS) todavía se
puede seguir su lento desplazamiento.
La controversia social vino
con la posible reubicación de varios pueblos, la pérdida forzosa de los
terrenos de cultivo, ganado y turismo que daban vida a varias comunidades que
han vivido el conflicto por generaciones —hay padres nacidos después de 2001
que desde niños vivieron el enfrentamiento que sus progenitores (hoy abuelos)
sufrieron en los años de las expropiaciones y expulsiones—. Hay que destacar la
preocupación en la zona por los deslizamientos de las laderas, nunca pudieron
ser controlados y llegaron a amenazar a las localidades aguas abajo, entre
ellas la ciudad de Sangüesa en Navarra, especialmente el comentado de 2006 en
la ladera izquierda y el de 2013 en la derecha que provocaron obras adicionales,
pero con otros detectados al menos hasta 2024.
A ello hay que sumar la ruina,
expropiación forzosa y demolición de varias urbanizaciones, el levantamiento de
la vieja presa, un destrozo sin precedentes en el territorio, la vigencia del
estado de Alerta-1 aguas abajo, la afección de los deslizamientos a los
aliviaderos que deben ser reubicados en un área segura, un presupuesto que,
tras un cuarto de siglo de obras, se ha quintuplicado mientras los factores de
seguridad iban a la baja año tras año, incluso ejecutando obras de seguridad o
estabilización y un impacto económico y social que aún estaría por investigar.
Desde el verano de 2023 la
obra está parada a la espera de un cuarto modificado aprobado en 2016. El área
y volumen total afectados por los deslizamientos principales en la ladera
derecha abarcan una superficie de 237 418 m² con una máxima profundidad
máxima de 117 m y un volumen de 11 900 000 m³. Fue la excavación ejecutada
en 2012 para la cimentación del estribo derecho y las labores de estabilización
(sic) la que, como indicó la CHE en su informe de enero de 2013, sería la causa
última que provocó la inestabilización, es decir, la rotura irreversible
o punto de no retorno. Se retiró de la montaña, para aliviar peso, un volumen
cercano a los 1 500 000 m³. Todos los deslizamientos estudiados (más
de una docena) han sido provocados debido a la insuficiente investigación
geológica y haber descartado los avisos de técnicos independientes y de las
universidades de Navarra, País Vasco y Zaragoza.
Tras lo acontecido, el 23
de diciembre de 2015 se creó el Grupo de Trabajo Técnico Interdepartamental del
Gobierno de Navarra. Se recaba información con diferentes técnicos independientes
entre los que se incluye el autor de este capítulo, además de con la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se presenta en sede parlamentaria el
informe de 21 de junio de 2016 que concluye con la existencia de importantes
incertidumbres sobre la situación de seguridad por factores naturales y
técnicos. También se recomienda la paralización de las obras hasta que no se
garantice la absoluta seguridad, algo que no se llevó a cabo hasta 2023 cuando
ya era imposible seguir.
Así es como se reactivó la
investigación geológica que no se había hecho antes de comenzar a excavar. Fue
en 2018 cuando el Tribunal de Cuentas, una entidad ajena al mundo de la
geología, en su INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN HASTA 2017.
Nº1.279 se adhirió a las advertencias dadas dos años antes por la
comisión de técnicos del Gobierno de Navarra sobre la inseguridad geológica y
el daño económico y social derivado de ella. El Tribunal lo hacía expresándose
con estas sentencias:
«La
existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de
previsión, la descoordinación entre Administraciones, la ausencia de informes o
actuaciones preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas
actuaciones han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo
de ejecución, a su coste final o a su rentabilidad social en términos de
satisfacción del interés público al que deben responder […]. Tras haberse
constatado riesgos de deslizamientos en las laderas del embalse, así como
dificultades en su impermeabilización, lo que dio lugar a una sucesión de tres
modificaciones contractuales —la tercera de las cuales con la necesidad
aparejada de solicitar nuevos informes de impacto ambiental— las obras y sus
contratos asociados han debido prolongarse, al menos, hasta el mes de octubre
de 2020». (Es oportuno recordar que posteriormente se retrasó el final
de las obras a 2021, 2023, 2024, 2027, 2029 y 2031).
El 14 de febrero de 2020
la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) encargó a los investigadores de la
Universidad de Zaragoza, Antonio Casas y Antonio Aretxabala del Departamento de
Ciencias de la Tierra, la elaboración de un informe sobre los últimos datos
publicados tanto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como por
parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa respecto del estado
de la ladera derecha que continuaba en movimiento. El informe Estudio de
evaluación y seguimiento de la ladera derecha de Yesa fue presentado el 7
de octubre de 2020 en una jornada pública con la FNCA por el Relator de la ONU
por el Derecho al Agua, Pedro Arrojo, y los autores del mismo. También fue
remitido a las instancias gubernamentales y autonómicas. Era el antepenúltimo
de más de una treintena de informes disponible sobre la estabilidad de las
laderas de Yesa.
En lo sucedido con las
inestabilidades de Yesa parece aflorar cada cierto tiempo una voluntad
irreprimible de escapar de la realidad y censurar todo aquello que nos devuelva
a ella. Muestra de ello es que entre 2013 y 2016 se habló de haber detenido el
movimiento, de 2016 a 2019 que este era extremadamente lento, de 2019 a
2022 que la ladera derecha de Yesa se encontraba en equilibrio estricto
y a partir de 2022 ya se habla de un constante movimiento, pero con
estabilidad suficiente (López, A. 2023, consejera de Interior del Gobierno
de Navarra). En el verano de 2023 la obra queda parada a la espera de un cuarto
modificado aprobado en febrero de 2016. En ese momento, como bien apunta la
máxima responsable de Protección Civil, lo único estable es el movimiento. Ahora
sabemos que, al mismo tiempo que se aprovechaban los púlpitos de la propia
Administración y los medios de comunicación para desacreditar a los técnicos y
universidades que investigaban y advertían de las desviaciones presupuestarias
o de la caída irreversible de los factores de seguridad, con fondos públicos se
atacaba e intentaban desprestigiar a los movimientos sociales que defendían el
medio que garantiza la vida.
Sea como sea lo que suceda
a partir de ahora, creemos que el debate lógico, científico y técnico tocó fin
hace años. Al igual que antaño, los representantes políticos y responsables en
las instituciones han lanzado mensajes contrarios a esta realidad. La ciencia,
entre otras cosas, también se dotó de métodos que apuntasen con la mejor
exactitud posible a la existencia de límites. Describir y señalar un límite es
algo muy distinto de ponerlo. Hay un límite en la estabilidad de Yesa al que se
llega por cualquier camino y ese límite es la realidad del movimiento, lento o
extremadamente lento, en equilibrio estricto con el factor de seguridad oscilando
la unidad o siendo un movimiento con estabilidad suficiente.
El incremento en el gasto hasta
quintuplicar el presupuesto inicial no trajo la seguridad, tampoco impulsó una
inspección técnica o económica. Muy al contrario, como presentó en 2015 la
Universidad de Navarra en su informe para el Ayuntamiento de Sangüesa, se
realizaron obras de reparación y acondicionamiento de accesos e
infraestructuras mientras avanzaban las deformaciones y se iban arruinando las
viviendas de las urbanizaciones. Carreteras de acceso, viviendas, instalaciones
de ocio, tuberías, etc., fueron reparadas o reconstruidas durante los episodios
con mayores índices de movimiento hasta que se frenara, cosa que según la CHE
se consiguió en el verano de 2013, pero sabemos que no fue así. Dichas obras
siguieron en ejecución incluso tras haber decidido los vecinos no volver a sus
ruinas (en junio de 2013 se reunieron para tomar esa decisión).
Todas aquellas obras
realizadas sin objetivos claros o incumplibles, tal y como los obviados
informes periciales indicaban, han sido recientemente demolidas con objeto de
vaciar la zona que ocupaban para aliviar peso de la montaña, pero como hemos
visto, ha servido para lucrar a varias empresas, aunque de nada para la seguridad
de las comunidades afectadas. De momento, no se conoce fecha ni contenido sobre
las futuras acciones a desarrollar por parte de las autoridades, aunque sí es
verdad que tras la DANA de Valencia hubo unas tímidas apariciones en medios con
promesas de ponerse las pilas y desarrollar de una vez el obligatorio Plan de
Evacuación para la ciudad de Sangüesa en caso de catástrofe mayor.
Sin embargo, como
comentaba en 2024 la parlamentaria navarra Laura Aznal, «continúa el
despilfarro» de millones de euros de todas y todos hacia las grandes empresas
del hormigón y la energía. Tampoco ha habido dinero ni para un solo simulacro
en un cuarto de siglo de sobresaltos. No se ha aprobado un plan de formación de
técnicos locales ni a la población. No se han distribuido folletos informativos
más allá de la información que se suministró cuando el Plan de Seguridad para
Sangüesa se presentó en 2023. No se han organizado más charlas con los vecinos.
Tampoco se ha instalado la señalética en las calles por las que habría que
evacuar en los escasos 20 minutos que la población tendría para salvarse.
En Sangüesa, en 2025
seguimos sin hablar de hacer simulacros. Y, aunque se instaló un sistema de
megafonía y avisos para la evacuación como parte de la Hoja de Ruta,
todavía no queda claro por qué hace un par de años sonaron, por error, ¡villancicos!
Los vecinos no sabían si celebrar la Navidad o evacuar. Este episodio
demuestra, más allá de lo anecdótico, que ni la población ni los responsables
locales están hoy preparados para asumir el peligro latente que acecha bajo
1500 hm3 de agua retenidos en una presa con unas laderas que la
sustentan que, de cuando en cuando, reptan dependiendo del nivel del embalse y
las condiciones meteorológicas, sin falta de terremotos o danas. La historia
sísmica del área la convierte en una de las zonas más propensas del Pirineo con
eventos sísmicos destructivos datados desde 1357 hasta 1923 (intensidad VIII) y
gotas frías recurrentes, Fraga 1982, Biescas 1996 o Benasque 2013.
Cabe destacar que en torno
a Yesa se ha abierto un debate, especialmente entre los afectados entre los que
ya hay ingenieros e investigadores de tercera generación, apelando al reciente
trabajo El caso del retiro climático estratégico y gestionado presentado
en 2019 y publicado en Science y liderado por la profesora AR Siders de
la Universidad de Harvard. Ella y sus colegas recomiendan una retirada de las
áreas irracionalmente modificadas que fueron convertidas en inestables (Siders,
A. R., Miyuki, H., Mach, K. J. 2019); esta retirada debe ser vista no como una
derrota sino como un avance. Se insta a las comunidades y a los gobiernos a
reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de herramientas utilizadas
para lograr los objetivos sociales de seguridad y bienestar deseados. La
profesora AR Siders cree que necesitamos dejar de imaginar nuestra relación con
la naturaleza como una guerra: «No estamos ganando o perdiendo, debemos
retroceder. Podemos hacerlo de la manera difícil, luchando por cada centímetro
y perdiendo vidas y dinero mientras tanto. O podemos hacerlo de forma
voluntaria y reflexiva y aprovechar la oportunidad para repensar la forma en
que vivimos. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado».
(Siders, A. R., Miyuki, H., Mach, K. J. 2019).
AR Siders y sus colegas no
son los únicos expertos que apuntan en esa dirección, estas propuestas cada vez
más profusas se adelantan a aquellas que se están instaurando por la fuerza.
Desafortunadamente, lo hacen tras las enormes desgracias humanas, económicas y
sociales que no fueron ni son tan difíciles de prever. Las comunidades y los
estados obtienen así opciones de adaptación adicionales y una mejor oportunidad
de elegir las acciones más eficientes para ayudar a conseguir una mayor cota de
prosperidad.
Conclusiones
Aunque no podemos definir
de manera contundente lo que es «corrupción hidroeléctrica» en sentido
estricto, existe todo un universo de irregularidades, algunas dolorosas y
costosas como las que hemos relatado.
Prácticamente nunca hay
pruebas con la fuerza judicial suficiente como para que ciertas prácticas
puedan ser catalogadas de «corrupción», cohecho, sobornos u otras formas de
beneficio irregular. Muchas de las investigaciones abiertas han quedan en
presuntos abusos de normativa, manipulación económica o en nada, debido a la
imposibilidad de encontrar responsabilidades delimitadas en la parte técnica,
en la gestión pública o en la privada.
Siguen existiendo enormes
dificultades para la ciudadanía que quiere acceder a datos o a decisiones
internas de las empresas públicas o privadas que gestionan los embalses,
complicando enormemente los procesos judiciales o de investigación.
Sigue vigente la
indefensión de la ciudadanía ante el volumen de casos que afloran a la luz pública
y no pueden o no hay voluntad para resolverlos. El desconocimiento de las
normas, la falta de cultura administrativa, el complejo entramado jurídico y de
derechos históricos del agua, el uso de ésta como arma de enfrentamiento
político y el localismo son caldo de cultivo para el lucro de grandes empresas
y la proliferación de irregularidades y perjuicios. Dichas empresas cuentan con
asesores jurídicos y técnicos formados y bien remunerados para esquivar la
normativa y utilizar las enormes lagunas creadas.
En época muy reciente se
ha utilizado la fuerza, la violencia e incluso a las Fuerzas de Seguridad para
acallar y represaliar a los afectados por decisiones que acabaron en
tribunales. Las grandes eléctricas gestionan el 96% de las presas, así que el poder
de las empresas de energía, asociadas con las de construcción, acapara la toma
de decisiones de una Administración que sigue sirviendo a sus grandes intereses
y no a los de la ciudadanía que la elige para gestionar agua y energía de
manera justa, democrática y transparente.
Agradecimientos
El autor quiere agradecer
a la organización de esta obra colectiva el haber contado con él para
investigar estos temas. Al ingeniero de desarrollo e investigación en redes
eléctricas Guillem Planisi por la supervisión de los temas más técnicos. Y
especialmente un reconocimiento y un apoyo incondicional a todas aquellas
personas y asociaciones víctimas de la violencia que dedicaron sus vidas a la
lucha contra la injusticia. Su legado es un tesoro que sabremos custodiar.
Antonio Aretxabala Díez.
En El laberinto de la corrupción, un grupo de expertos de la academia, la judicatura, la administración pública y la sociedad civil respondemos a más de cincuenta preguntas para comprender este fenómeno y fomentar el debate en la ciudadanía.
