¿PADECEMOS CORRUPCIÓN HIDROELÉCTRICA?
Queridas y queridos lectores, hoy llega a las librerías este trabajo impulsado por David García-García y Guillermo Santander-Campos desde la Universidad Complutense de Madrid para Siglo XXI que nos ha prologado Joaquim Bosch y en el que he tenido el honor de participar en el tercer capítulo titulado «Corruptos y corruptores». Mi texto «¿Padecemos corrupción hidroeléctrica?» es una deuda y una denuncia que da voz a quienes padecieron décadas de sufrimiento, muchas veces para nada, por pura codicia y mezquindad.
Hace hincapié en las agresiones, la violencia y los destrozos contra comunidades de seres vivos, incluidas las humanas, adaptadas a su territorio por siglos. La mayoría fueron perpetrados por un entramado difícil de esclarecer -por lo expuesto en la primera parte- del que formaría parte el propio Estado, por administraciones corruptas y por empresas públicas y privadas.
En el tintero quedaron ejemplos sangrantes y vergonzantes como Itoiz, Riaño y tantos otros que limita la falta de espacio. Me centré en los que me tocaron de cerca por cuestones humanas o profesionales. Publico aquí el texto inicial, bastante más extenso que el finalmente aparece en el libro, y es que habiendo participado decenas de autores, finalmente tuvimos que acortar nuestros textos. En cualquier caso, pero con más detalles, el mensaje es el mismo. El libro ya se puede adquirir en librería u online por los métodos habituales.
¿PADECEMOS CORRUPCIÓN HIDROELÉCTRICA?
Intentar hablar en España de
corrupción, en el ámbito de la energía hidroeléctrica, es una labor que puede
llevar a la desesperanza por la práctica imposibilidad de delimitar con
precisión el espacio donde ésta se produce. Pero, aunque no podríamos definir de
manera contundente lo que es «corrupción hidroeléctrica» en sentido estricto,
existe todo un universo de irregularidades, algunas muy dolorosas, alrededor de
esta forma, seguramente la más limpia y sostenible, de generación de energía
eléctrica. Desde la planificación de los proyectos de infraestructura,
embalses, redes de distribución, expropiaciones o regulaciones, hasta la
demolición y renaturalización podemos localizar dichas irregularidades en
diferentes eslabones debido fundamentalmente a varios factores:
- Una falta de supervisión o reacción tardía de los reguladores ante las irregularidades. En este ámbito se encontrarían las administraciones públicas y los organismos de control, lo que permite que las irregularidades pasen a no ser investigadas después de denunciadas o se haga años después sin consecuencias legales tras el daño infligido al medio natural o a comunidades enteras.
- La ausencia de transparencia en las concesiones, regulaciones o decisiones sobre, por ejemplo, cuándo cerrar o abrir embalses independientemente de los beneficios sociales y económicos derivados hacia la sociedad. Las compañías hidroeléctricas se benefician económicamente si reducen la generación barata (la hidroeléctrica lo es, especialmente porque prácticamente no hubo inversión por parte de los gestores, ya que la práctica totalidad de la infraestructura ha sido sufragada por la ciudadanía para satisfacer sus necesidades) y que entre más electricidad cara (ciclo combinado, nuclear, cogeneración) dejando ver que hay un claro incentivo perverso y de lucro.
- Cuando los caudales fluyentes no son suficientes para mover las turbinas o incrementar su rendimiento porque se vive, por ejemplo, una sequía, en los momentos en que la demanda eléctrica es mayor y, por tanto, su precio es más alto, el sistema hidroeléctrico es el que más rápido puede responder como respaldo. En estas circunstancias se han producido casos que han supuesto un atentado a las condiciones de sostenibilidad de ecosistemas por embalsadas repentinas o por privación del derecho al agua para el uso de la sociedad. Controlar y eliminar estas embalsadas e incluso las instalaciones que las causan provocaría una mejora sustancial en la calidad ambiental de cientos o miles de kilómetros de cursos fluviales. Existe jurisprudencia sobre este asunto: los concesionarios no puedan soltar agua cuando y como les plazca.
- El caso contrario parece que también se ha vivido, aunque aún estaría por investigar, si la oferta de carácter intermitente (especialmente fotovoltaica) es muy alta, los precios rondan el cero e incluso caen a valores negativos con los embalses llenos, entonces puede producirse la sobresaturación de la red que fuerza a cortes preventivos sin que se prepare el respaldo hidroeléctrico, ya que deja de ser lucrativo, entonces se producen apagones que afectan a toda la sociedad.
- Una regulación débil, con vacíos legales e incluso con leyes cambiantes hechas a la carta, lo que permite que las empresas actúen como norma general aprovechando vacíos o lagunas normativas que fueron legales en su momento, aunque cuando se investigan años o décadas después ya no lo sean.
- Generalmente la energía hidroeléctrica va asociada al sector primario, a la regulación y al consumo urbano e industrial al convivir los embalses para regadío (más del 80% del uso del agua en España) con la generación de energía eléctrica y otros usos. Es por ello que en caso de irregularidades se vuelve enormemente complicado achacar a cada cual su papel.
- Con el pretexto de ser la mejor energía «renovable», los estudios de impacto ambiental suelen carecer del rigor exigible a los proyectos más destructivos. Suelen obviarse datos, dando por aceptables muchos impactos que inciden negativamente en los ecosistemas naturales y humanos. En general, el peor de los impactos viene derivado de la consideración sobre papel de los caudales solicitados y concedidos cuyos volúmenes afectan significativamente a toda la dinámica geológica, fluvial, flora, fauna y sociedad. Las correcciones ambientales se suelen limitar a una ineficaz contabilidad de peces con un mal llamado «caudal ecológico» que suele acabar en un insignificante 10% del caudal medio.
Por lo tanto, en torno a las irregularidades normalizadas en el ámbito de la hidroelectricidad, vivimos todo un reto para facilitar en el futuro el aprovechamiento eficiente y sostenible de un recurso cada vez más amenazado que, desde 2010 y gracias precisamente a una iniciativa de un Gobierno de España con Alemania, es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, obligando a los Estados a garantizar que todas las personas tengan acceso a este recurso universal y derecho humano de manera suficiente, segura, aceptable y asequible, tanto a saneamiento como para uso personal, doméstico y como potencial generador de energía. Así que prácticamente nunca hay pruebas con la fuerza judicial suficiente como para que prácticas que rayan en lo mafioso puedan ser catalogadas de «corrupción», cohecho, sobornos u otras formas de beneficio empresarial o personal irregular. Muchas de las investigaciones que se han abierto han quedado en presuntos abusos de normativa, manipulación económica o, las más de las veces, en nada debido a la imposibilidad de encontrar responsabilidades delimitadas en la parte técnica, gestión pública o en la privada.
A todo ello debemos sumar, desafortunadamente, el hecho de que siguen existiendo enormes dificultades para la ciudadanía que quiere acceder a datos o a decisiones internas de las empresas públicas o privadas que gestionan los embalses, complicando enormemente los procesos judiciales o de investigación. Los diferentes gobiernos del Estado desde la llamada Transición Democrática han hecho muy poco por favorecer la transparencia en el ámbito de la gestión del agua, sea para regadío, generación eléctrica, agua de boca o uso industrial. Y todo esto sucede, paradójicamente, en el territorio del planeta con mayor densidad de presas y regulaciones por unidad de superficie, el de más embales per cápita del mundo o el más seco y amenazado de desertificación de Europa, pero que más agua exporta: más del doble de la que usamos en los hogares españoles, la encontramos en los mercados de Berlín, París, Pekín o Londres en forma de tomate, pepino, jamón o lechuga.
En otro orden de cosas, hablando exclusivamente de la generación eléctrica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) propone que para 2030 el 74% de la generación de energía provenga de fuentes renovables, por lo que el gobierno español espera instalar 27.000 MW de potencia hidroeléctrica, prestando especial atención, después del apagón del 28 de abril de 2025 a la energía hidroeléctrica inversa como respaldo. La presidenta de Red Eléctrica culpó en su comparecencia a las empresas eléctricas, y en concreto a Iberdrola (pero sin nombrarla) del apagón. No obstante, tampoco aclaró por qué no se activaron las centrales hidroeléctricas para evitar la caída total del sistema.
Tras ese evento surgieron voces que pusieron en valor la hidroeléctrica de bombeo inverso como la energía de almacenamiento y respaldo a la intermitencia renovable (eólica y solar) muy por delante del uso de baterías, caras y de baja durabilidad, por lo que se aprobó una partida urgente de 750 millones de euros para una planificación que aún desconocemos. De hecho, hace años que se habló de respaldar con bombeo las centrales fotovoltaicas de Núñez de Balboa y Francisco Pizarro en Extremadura; hoy todo apunta a que fue en la primera donde se desató el problema. Iberdrola sigue luchando en el Supremo para revertir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que le obliga a desmantelarla y devolver a su propietario el 60% de los terrenos donde se asienta. Y es que, para poder abastecer toda la demanda eléctrica esperada, la cual sigue cayendo desde 2008, es necesario fomentar la combinación de varias fuentes de energía renovable y electrificar de manera estable una economía que se resiste a desvincularse de la inercia fósil y que no es capaz de solucionar las cuentas respecto de los materiales geológicos necesarios para la pretendida transición energética verde. No obstante, las grandes eléctricas gestionan nada más y nada menos que el 96% de las presas. Así que el poder de las empresas de energía, asociadas con las de construcción, acapara la toma de decisiones de una Administración que sigue sirviendo a sus grandes intereses y no a los de la ciudadanía, como vamos a relatar.
No son casos aislados, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) lo ha investigado en todas la cuencas hidrográficas, más allá de una estructura administrativa formal, «aparecen síntomas evidentes de usos y procedimientos irregulares y elementos de corrupción a varias escalas y que afectan a los sectores involucrados, especialmente en torno a las pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de los gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder económico de ámbito local o regional». Sus efectos son enormemente destructivos para el patrimonio humano, natural y social, como es el caso de ciertos regadíos, centrales hidroeléctricas, dragados de ríos o talas de bosque de ribera o la absurda idea de la «limpieza de cauces». La FNCA ha apuntado, con toda razón, a que «la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo» (Nieto, A. 1997), «cuestión que está fuera de toda duda en materia hidráulica en España» (FNCA, 2004).
Los casos de irregularidades se han convertido en algo normal y asaltan de cuando en cuando la actualidad. Proliferan las enormes partidas presupuestarias destinadas a promover obras sin motivos de interés general, sin que la gestión de la demanda y el ahorro sean principios jurídicos como apunta la Directiva Marco del Agua (DMA, 22 de diciembre de 2000). La vía de la expropiación forzosa, que ha sido un factor común y la mayoría de las veces sin un claro sentido de bien general, también ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. En el ámbito de la gestión de energía hidroeléctrica, como veremos, hemos vivido décadas de abuso, de opacidad, de falta de transparencia, de desinformación y de represalias.
Como resultado, sigue vigente la indefensión de la ciudadanía ante el volumen de casos que afloran a la luz pública y no pueden o no hay voluntad para resolverlos por lo todo indicado. Asimismo, el desconocimiento de las propias normas, la falta de cultura administrativa, el complejo entramado jurídico y de derechos históricos en relación a la gestión del agua en España, el uso de ésta como arma de enfrentamiento político y el localismo son caldo de cultivo para el lucro de las grandes empresas y la proliferación de irregularidades y perjuicios para la ciudadanía. Dichas empresas cuentan con asesores jurídicos y técnicos formados y bien remunerados para esquivar la normativa y utilizar deliberadamente las enormes lagunas creadas, fomentando el clientelismo a costa de la salud, la vida de ecosistemas y de los medios de vida de comunidades humanas adaptadas a la dinámica del territorio por siglos.
Iberdrola y la manipulación del precio de la electricidad con el uso de embalses concedidos
En 2013 se acusó a Iberdrola de cerrar de forma deliberada algunos embalses en las cuencas del Duero, Tajo y Miño-Sil para reducir la producción hidroeléctrica (que por lo que hemos apuntado es barata) con la finalidad de disparar el precio de la electricidad, favoreciendo fuentes de energía más caras para su propio beneficio. La Fiscalía Anticorrupción solicitó multas y penas de cárcel para varios directivos. En 2024 la compañía es absuelta y en 2025 pide la retirada de la sanción que aún sigue en la sala de lo contencioso. Añadía el juez en 2024 que «resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que entonces no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido». Además, el fallo señala que hubo otras eléctricas que a la sazón también ofertaron precios elevados y sorprendentemente descarta que Iberdrola tuviese alguna intención de represaliar al Gobierno por la retirada en los Presupuestos del Estado de 2014 de una partida 3.600 millones de euros a la que se había comprometido el exministro José Manuel Soria con las eléctricas para paliar el déficit eléctrico.
En 2021, un año que no fue especialmente seco, se repitió el patrón con el vaciado del embalse de Ricobayo en el río Esla, el mayor de producción hidroeléctrica de Zamora. Una veintena de municipios se quedaron sin abastecimiento y desamparados por las leyes españolas apelaron a la Comisión Europea para reclamar a Iberdrola cambios en la gestión. El embalse pasó en cuatro meses del 95% de su capacidad al 12% con dos caídas muy bruscas, una en abril y otra en julio, que la empresa registró en el contexto de subida del precio del gas y la mayor demanda de producción hidroeléctrica. Estas prácticas fueron denunciadas ese mismo año en Extremadura y otras áreas de la geografía andaluza y castellana. También en 2023 y 2024 nos encontramos con el mismo patrón y las denuncias correspondientes.
No era nada nuevo, ya en 2002 se denunciaba que las eléctricas usaban el agua de forma injusta, especialmente cuando los embalses se vacían o se regulan para maximizar beneficios en momentos de precios altos. Nunca hubo manera de demostrar corrupción, sin embargo, el bolsillo del consumidor se fue resintiendo con el tiempo a pesar de la implantación masiva de las llamadas renovables de carácter eléctrico e industrial (eólica y fotovoltaica) con la promesa del abaratamiento de la energía. Pero quizás los casos más sangrantes de irregularidad o corrupción no reconocida sobre el papel vengan del abuso de las grandes empresas, quienes las financian y quienes desde las administraciones permiten sus excesos y atropellos, arrasando y demoliendo comunidades enteras expropiadas de manera forzosa y violenta si perciben un beneficio cortoplacista.
Casos históricos, lecciones aprendidas y no aprendidas
Vamos a analizar someramente tres casos que pasaron a la historia, no sólo de la corrupción, sino de la vergüenza y la ignominia y que por lo que vemos, poco hemos aprendido. En el tintero quedan casos terribles con cientos de víctimas como la catástrofe de la presa de Vega de Tera en Zamora (1959), Torrejón el Rubio en Cáceres (1965) o la pantanada de Tous en Valencia (1982). Tampoco vamos a hablar de puertas giratorias, un tema interesante directamente conectado con la corrupción hidroeléctrica (entre otras) y con las prácticas mafiosas del oligopolio energético y los partidos políticos denominados de Estado.
El caso de Caldas de Reis
Al igual que en otros momentos históricos que vamos a explicar, se suele utilizar la violencia para amedrentar o intentar acallar la razón popular. La Xunta de Galicia, en la presa de Caldas de Reis (Pontevedra), empleó ilegalmente a las Fuerzas de Seguridad para expulsar de sus propiedades a sus legítimos titulares. Este es uno de los casos más evidentes del empleo de bienes y recursos públicos por parte de la Xunta de Galicia y de Aguas de Galicia, en que, mediante una expropiación ilegal de bienes privados y el uso de la violencia, se favoreció a una empresa hidroeléctrica, Cortizo Hidroelectricas Sa. Sobre el proceso penal llevado ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, los delitos que se imputaron fueron prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental, riesgo catastrófico, estafa, delito contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio, delito contra el patrimonio histórico, malversación de fondos públicos y fraude procesal.
Los problemas de seguridad de la presa eran de tal calibre que la Universidad de Vigo remitió un informe técnico a la Xunta que contenía conclusiones gravísimas sobre la falta de estudios geológicos y geotécnicos del anteproyecto, con el peligro de derrumbe. La Xunta había alegado falta de agua potable, algo que se demostró falso. En realidad, se pretendía un aprovechamiento hidroeléctrico privado, y como en este caso no se puede utilizar el procedimiento de urgencia en la expropiación, se obviaron los plazos y trámites que confieren garantías a la ciudadanía y nos protegen contra el abuso de la Administración.
Con este proceder, declarando las obras de utilidad pública y urgente ocupación, se consigue poner al servicio de las constructoras y concesionarias todos los mecanismos legales que permiten la ejecución de la obra por un procedimiento que la Ley de Expropiación Forzosa considera excepcional. Obviamente esto no podía hacerse, tal como estableció el Tribunal Supremo cuando ratificó que las ocupaciones de terrenos para la construcción fueron ilegales, lo que llevó a la obligación de indemnizar a los propietarios y a la crítica de la gestión por parte de la propia administración. El caso fue tachado de chapuza y corruptela y generó fuertes críticas y enorme desconfianza sobre la gestión de la Xunta de Galicia en temas ambientales y de gestión fluvial.
El caso de Jánovas
El proyectado embalse de Jánovas (Huesca) data de 1951, cuando se adjudicó la concesión a Iberduero (que en 1992 pasó a Iberdrola) y se declaró de utilidad pública, lo que inició el proceso de expropiaciones y desalojos de los pueblos afectados. Nunca llegó a ser una realidad, pero la tortura a que se sometió a la población pasó por décadas de injusticia, violencia gratuita, rabia, sufrimiento e impotencia. Se desestimó definitivamente en 2005 y tres años más tarde se inició el proceso de reversión de los bienes destruidos, dinamitados y expropiados, asumido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), es decir, por toda la sociedad española. ¿Sirvió para algo tanto daño y sufrimiento? Lamentablemente, no. Medio siglo después, en el año 2000, llegó la declaración de impacto ambiental negativa del Ministerio de Medio Ambiente. Se zanjaba así una amenaza de décadas. Habían destruido y arruinado el pueblo para nada. En 2008 comenzó la reversión de las propiedades al vecindario, 40 años después de haber sido expulsados a punta de ametralladora, con voladuras, excavadoras demoliendo viviendas, escuelas... Las obras de Jánovas habían comenzado en 1995 de forma ilegal, pues no existía informe ambiental que las avalase. Detrás solo había intereses hidroeléctricos; el sentido común y medioambiental tardó décadas en aflorar.
Esta historia de memoria y resistencia, pero también de humillación y abuso de poder, no había escrito su última palabra casi tres cuartos de siglo después: las familias Garcés y Buisán llevaron su lucha al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Toni Garcés no titubeaba: «Nos arruinaron y nadie se pone en nuestra piel. Queremos que no quede impune». La población de los municipios de Jánovas, Lavelilla y Lacort, 964 personas según el censo de 1960, fue expulsada de forma brutal ante las inminentes obras para interrumpir el flujo del río y generar electricidad. A pesar de la prohibición de la inspección provincial de Huesca de clausurar la escuela de Jánovas mientras hubiera niños, Iberduero decidió cerrarla por su cuenta: el 4 de febrero de 1966 un operario de expropiaciones derribó la puerta, arrastró a la maestra de los pelos delante de los niños mientras gritaba todo tipo de improperios y luego sacó a estos a patadas. Dos familias resistieron en Jánovas más de dos décadas más: la familia Buisán y la familia Garcés. Decidieron que no iban a marcharse hasta que las aguas llegaran al pueblo. Pero nunca llegaron, una segunda evaluación económica no aseguraba los beneficios económicos arrojados inicialmente. Vivieron entre amenazas y ataques, talaron sus frutales, les derribaron los corrales…
Finalmente fueron brutalmente desalojadas en 1984 en plena democracia: «Estuvimos 22 años en Jánovas. Ya se habían ido todos. Ni había televisión ni nada y aguantamos muy bien», apuntaba Francisca Castillo de Campodarbe, el pequeño municipio al que se tuvieron que ir tras ser engañados, pero allí no había nada de lo prometido tras la expropiación. Entonces intentaron regresar a Jánovas y se encontraron con que habían dinamitado sus casas: solo quedaban unas montañas de escombros. Con la compra de las últimas tierras a Endesa, los vecinos de Jánovas que aún quedaban vivos pusieron fin al prolongado y enrevesado proceso de reversión iniciado en 2008. A fecha de hoy (2025) los vecinos ya han comprado sus tierras a Endesa y están reconstruyendo Jánovas, solo queda recuperar el molino, pues a Endesa le resulta engorroso poder devolverlo, pertenecía a una treintena de socios de una sociedad electro harinera.
Pedro Arrojo, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, fundador de la FNCA y Relator Especial de la ONU por el Derecho al Agua, criticaba el papel de la Administración que «fue diligente en sacar patadas a la gente, pero que no lo está siendo en cómo se lo devuelven ni en cómo supervisan para que el proceso no sea abusivo por parte de la empresa concesionaria». Tampoco se olvidaba del deterioro que habían sufrido los bienes públicos: «Había una línea eléctrica, un puente, viarios y alcantarillados… Eso lo está poniendo el Estado limpio para Endesa». Mientras, se confirmaba cómo se iba a indemnizar a la multinacional con dinero público por el fin de la concesión. De hecho, el Consejo de Estado reconoce en el dictamen número 711 de 2017 «El derecho a una indemnización económica por haberse afectado a la empresa concesionaria por una acción pública fallida». El Estado reconoce así unos perjuicios a la empresa que niega a las víctimas. Siguen esperando el prometido plan de recuperación y de infraestructuras.
El caso de Jánovas es paradigmático. Se fragua a principios del siglo XX, como la mayoría, se inicia con elevadas dosis de violencia y sufrimiento sin haberse construido, y lo que es peor, se destruyen el medio natural y el humano sin haberse producido un solo kilovatio de energía hidroeléctrica. Solo el proyecto costó la muerte de todo un valle, el desalojo de miles de personas, un deterioro irreversible a la credibilidad de las instituciones estatales y un sufrimiento que a día de hoy nadie ha evaluado porque todo el mundo lo quiere olvidar.
Yesa, el enorme pozo sin fondo de las obras hidráulicas
El problema de Yesa es, sobre todo, un problema de seguridad que ha derivado en un número tan elevado de irregularidades y beneficios económicos para los más avispados que parecen inabarcables. Las obras de la presa de Yesa, situada en Navarra y que inunda parte del territorio aragonés, comenzaron en 1928 y se inauguraron en 1960. La construcción provocó la inundación y expropiación de varios pueblos.
El 18 de mayo de 2001, el exministro del Gobierno Aznar, Jaume Matas, actualmente condenado a varias penas de cárcel por corrupción, puso la primera piedra entre fuertes medidas de seguridad y cargas policiales. Se pretendía el recrecimiento de un embalse del que se quería triplicar su capacidad hasta cerca de los 1500 hm3 para 2006. Sus objetivos iniciales, todos ellos incumplidos, eran la generación de más electricidad, regadío, más abastecimiento al área metropolitana de Zaragoza, más usos industriales y mayor regulación fluvial.
Pero tras los grandes problemas geotécnicos desatados, vividos y sufridos por la población, tuvo que conformarse con el doble (poco más de 1000 hm3) y llevar su final al año 2009. Más tarde se dilató hasta 2011, después a 2013, pero tras la denominada Catástrofe de 2013 (la ladera derecha se forzó a rotura y deslizó más de 30 cm), se llevó a 2016, luego a 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2027, 2029 y las últimas declaraciones del presidente de la CHE, apuntan más allá de 2031. En 2006, en la ladera izquierda, se produjo un deslizamiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra que amenazó con un posible rebose. Si no es por la prensa (El Mundo, 20 de febrero de 2007) nadie hubiese sabido del peligro que se corrió aguas abajo tras semejante movimiento. La CHE no avisó, procedió a sellar las grietas y a acumular rocas a pie de deslizamiento con la esperanza de que quedase estabilizado. Desde el satélite Sentinel1 del Proyecto Copernicus para el European Ground Motion Service (EGMS) todavía se puede seguir su lento desplazamiento.
La controversia social vino con la posible reubicación de varios pueblos, la pérdida forzosa de los terrenos de cultivo, ganado y turismo que daban vida a varias comunidades que han vivido el conflicto por generaciones —hay padres nacidos después de 2001 que desde niños vivieron el enfrentamiento que sus progenitores (hoy abuelos) sufrieron en los años de las expropiaciones y expulsiones—. Hay que destacar la preocupación en la zona por los deslizamientos de las laderas, nunca pudieron ser controlados y llegaron a amenazar a las localidades aguas abajo, entre ellas la ciudad de Sangüesa en Navarra, especialmente el comentado de 2006 en la ladera izquierda y el de 2013 en la derecha que provocaron obras adicionales, pero con otros detectados al menos hasta 2024.
A ello hay que sumar la ruina, expropiación forzosa y demolición de varias urbanizaciones, el levantamiento de la vieja presa, un destrozo sin precedentes en el territorio, la vigencia del estado de Alerta-1 aguas abajo, la afección de los deslizamientos a los aliviaderos que deben ser reubicados en un área segura, un presupuesto que, tras un cuarto de siglo de obras, se ha quintuplicado mientras los factores de seguridad iban a la baja año tras año, incluso ejecutando obras de seguridad o estabilización y un impacto económico y social que aún estaría por investigar.
Desde el verano de 2023 la obra está parada a la espera de un cuarto modificado aprobado en 2016. El área y volumen total afectados por los deslizamientos principales en la ladera derecha abarcan una superficie de 237 418 m² con una máxima profundidad máxima de 117 m y un volumen de 11 900 000 m³. Fue la excavación ejecutada en 2012 para la cimentación del estribo derecho y las labores de estabilización (sic) la que, como indicó la CHE en su informe de enero de 2013, sería la causa última que provocó la inestabilización, es decir, la rotura irreversible o punto de no retorno. Se retiró de la montaña, para aliviar peso, un volumen cercano a los 1 500 000 m³. Todos los deslizamientos estudiados (más de una docena) han sido provocados debido a la insuficiente investigación geológica y haber descartado los avisos de técnicos independientes y de las universidades de Navarra, País Vasco y Zaragoza.
Tras lo acontecido, el 23 de diciembre de 2015 se creó el Grupo de Trabajo Técnico Interdepartamental del Gobierno de Navarra. Se recaba información con diferentes técnicos independientes entre los que se incluye el autor de este capítulo, además de con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se presenta en sede parlamentaria el informe de 21 de junio de 2016 que concluye con la existencia de importantes incertidumbres sobre la situación de seguridad por factores naturales y técnicos. También se recomienda la paralización de las obras hasta que no se garantice la absoluta seguridad, algo que no se llevó a cabo hasta 2023 cuando ya era imposible seguir.
Así es como se reactivó la investigación geológica que no se había hecho antes de comenzar a excavar. Fue en 2018 cuando el Tribunal de Cuentas, una entidad ajena al mundo de la geología, en su INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN HASTA 2017. Nº1.279 se adhirió a las advertencias dadas dos años antes por la comisión de técnicos del Gobierno de Navarra sobre la inseguridad geológica y el daño económico y social derivado de ella. El Tribunal lo hacía expresándose con estas sentencias:
«La existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la descoordinación entre Administraciones, la ausencia de informes o actuaciones preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder […]. Tras haberse constatado riesgos de deslizamientos en las laderas del embalse, así como dificultades en su impermeabilización, lo que dio lugar a una sucesión de tres modificaciones contractuales —la tercera de las cuales con la necesidad aparejada de solicitar nuevos informes de impacto ambiental— las obras y sus contratos asociados han debido prolongarse, al menos, hasta el mes de octubre de 2020». (Es oportuno recordar que posteriormente se retrasó el final de las obras a 2021, 2023, 2024, 2027, 2029 y 2031).
El 14 de febrero de 2020 la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) encargó a los investigadores de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas y Antonio Aretxabala del Departamento de Ciencias de la Tierra, la elaboración de un informe sobre los últimos datos publicados tanto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa respecto del estado de la ladera derecha que continuaba en movimiento. El informe Estudio de evaluación y seguimiento de la ladera derecha de Yesa fue presentado el 7 de octubre de 2020 en una jornada pública con la FNCA por el Relator de la ONU por el Derecho al Agua, Pedro Arrojo, y los autores del mismo. También fue remitido a las instancias gubernamentales y autonómicas. Era el antepenúltimo de más de una treintena de informes disponible sobre la estabilidad de las laderas de Yesa.
En lo sucedido con las inestabilidades de Yesa parece aflorar cada cierto tiempo una voluntad irreprimible de escapar de la realidad y censurar todo aquello que nos devuelva a ella. Muestra de ello es que entre 2013 y 2016 se habló de haber detenido el movimiento, de 2016 a 2019 que este era extremadamente lento, de 2019 a 2022 que la ladera derecha de Yesa se encontraba en equilibrio estricto y a partir de 2022 ya se habla de un constante movimiento, pero con estabilidad suficiente (López, A. 2023, consejera de Interior del Gobierno de Navarra). En el verano de 2023 la obra queda parada a la espera de un cuarto modificado aprobado en febrero de 2016. En ese momento, como bien apunta la máxima responsable de Protección Civil, lo único estable es el movimiento. Ahora sabemos que, al mismo tiempo que se aprovechaban los púlpitos de la propia Administración y los medios de comunicación para desacreditar a los técnicos y universidades que investigaban y advertían de las desviaciones presupuestarias o de la caída irreversible de los factores de seguridad, con fondos públicos se atacaba e intentaban desprestigiar a los movimientos sociales que defendían el medio que garantiza la vida.
Sea como sea lo que suceda a partir de ahora, creemos que el debate lógico, científico y técnico tocó fin hace años. Al igual que antaño, los representantes políticos y responsables en las instituciones han lanzado mensajes contrarios a esta realidad. La ciencia, entre otras cosas, también se dotó de métodos que apuntasen con la mejor exactitud posible a la existencia de límites. Describir y señalar un límite es algo muy distinto de ponerlo. Hay un límite en la estabilidad de Yesa al que se llega por cualquier camino y ese límite es la realidad del movimiento, lento o extremadamente lento, en equilibrio estricto con el factor de seguridad oscilando la unidad o siendo un movimiento con estabilidad suficiente.
El incremento en el gasto hasta quintuplicar el presupuesto inicial no trajo la seguridad, tampoco impulsó una inspección técnica o económica. Muy al contrario, como presentó en 2015 la Universidad de Navarra en su informe para el Ayuntamiento de Sangüesa, se realizaron obras de reparación y acondicionamiento de accesos e infraestructuras mientras avanzaban las deformaciones y se iban arruinando las viviendas de las urbanizaciones. Carreteras de acceso, viviendas, instalaciones de ocio, tuberías, etc., fueron reparadas o reconstruidas durante los episodios con mayores índices de movimiento hasta que se frenara, cosa que según la CHE se consiguió en el verano de 2013, pero sabemos que no fue así. Dichas obras siguieron en ejecución incluso tras haber decidido los vecinos no volver a sus ruinas (en junio de 2013 se reunieron para tomar esa decisión).
Todas aquellas obras realizadas sin objetivos claros o incumplibles, tal y como los obviados informes periciales indicaban, han sido recientemente demolidas con objeto de vaciar la zona que ocupaban para aliviar peso de la montaña, pero como hemos visto, ha servido para lucrar a varias empresas, aunque de nada para la seguridad de las comunidades afectadas. De momento, no se conoce fecha ni contenido sobre las futuras acciones a desarrollar por parte de las autoridades, aunque sí es verdad que tras la DANA de Valencia hubo unas tímidas apariciones en medios con promesas de ponerse las pilas y desarrollar de una vez el obligatorio Plan de Evacuación para la ciudad de Sangüesa en caso de catástrofe mayor.
Sin embargo, como comentaba en 2024 la parlamentaria navarra Laura Aznal, «continúa el despilfarro» de millones de euros de todas y todos hacia las grandes empresas del hormigón y la energía. Tampoco ha habido dinero ni para un solo simulacro en un cuarto de siglo de sobresaltos. No se ha aprobado un plan de formación de técnicos locales ni a la población. No se han distribuido folletos informativos más allá de la información que se suministró cuando el Plan de Seguridad para Sangüesa se presentó en 2023. No se han organizado más charlas con los vecinos. Tampoco se ha instalado la señalética en las calles por las que habría que evacuar en los escasos 20 minutos que la población tendría para salvarse.
En Sangüesa, en 2025 seguimos sin hablar de hacer simulacros. Y, aunque se instaló un sistema de megafonía y avisos para la evacuación como parte de la Hoja de Ruta, todavía no queda claro por qué hace un par de años sonaron, por error, ¡villancicos! Los vecinos no sabían si celebrar la Navidad o evacuar. Este episodio demuestra, más allá de lo anecdótico, que ni la población ni los responsables locales están hoy preparados para asumir el peligro latente que acecha bajo 1500 hm3 de agua retenidos en una presa con unas laderas que la sustentan que, de cuando en cuando, reptan dependiendo del nivel del embalse y las condiciones meteorológicas, sin falta de terremotos o danas. La historia sísmica del área la convierte en una de las zonas más propensas del Pirineo con eventos sísmicos destructivos datados desde 1357 hasta 1923 (intensidad VIII) y gotas frías recurrentes, Fraga 1982, Biescas 1996 o Benasque 2013.
Cabe destacar que en torno a Yesa se ha abierto un debate, especialmente entre los afectados entre los que ya hay ingenieros e investigadores de tercera generación, apelando al reciente trabajo El caso del retiro climático estratégico y gestionado presentado en 2019 y publicado en Science y liderado por la profesora AR Siders de la Universidad de Harvard. Ella y sus colegas recomiendan una retirada de las áreas irracionalmente modificadas que fueron convertidas en inestables (Siders, A. R., Miyuki, H., Mach, K. J. 2019); esta retirada debe ser vista no como una derrota sino como un avance. Se insta a las comunidades y a los gobiernos a reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de herramientas utilizadas para lograr los objetivos sociales de seguridad y bienestar deseados. La profesora AR Siders cree que necesitamos dejar de imaginar nuestra relación con la naturaleza como una guerra: «No estamos ganando o perdiendo, debemos retroceder. Podemos hacerlo de la manera difícil, luchando por cada centímetro y perdiendo vidas y dinero mientras tanto. O podemos hacerlo de forma voluntaria y reflexiva y aprovechar la oportunidad para repensar la forma en que vivimos. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado». (Siders, A. R., Miyuki, H., Mach, K. J. 2019).
AR Siders y sus colegas no son los únicos expertos que apuntan en esa dirección, estas propuestas cada vez más profusas se adelantan a aquellas que se están instaurando por la fuerza. Desafortunadamente, lo hacen tras las enormes desgracias humanas, económicas y sociales que no fueron ni son tan difíciles de prever. Las comunidades y los estados obtienen así opciones de adaptación adicionales y una mejor oportunidad de elegir las acciones más eficientes para ayudar a conseguir una mayor cota de prosperidad.
Conclusiones
Aunque no podemos definir de manera contundente lo que es «corrupción hidroeléctrica» en sentido estricto, existe todo un universo de irregularidades, algunas dolorosas y costosas como las que hemos relatado.
Prácticamente nunca hay pruebas con la fuerza judicial suficiente como para que ciertas prácticas puedan ser catalogadas de «corrupción», cohecho, sobornos u otras formas de beneficio irregular. Muchas de las investigaciones abiertas han quedan en presuntos abusos de normativa, manipulación económica o en nada, debido a la imposibilidad de encontrar responsabilidades delimitadas en la parte técnica, en la gestión pública o en la privada.
Siguen existiendo enormes dificultades para la ciudadanía que quiere acceder a datos o a decisiones internas de las empresas públicas o privadas que gestionan los embalses, complicando enormemente los procesos judiciales o de investigación.
Sigue vigente la indefensión de la ciudadanía ante el volumen de casos que afloran a la luz pública y no pueden o no hay voluntad para resolverlos. El desconocimiento de las normas, la falta de cultura administrativa, el complejo entramado jurídico y de derechos históricos del agua, el uso de ésta como arma de enfrentamiento político y el localismo son caldo de cultivo para el lucro de grandes empresas y la proliferación de irregularidades y perjuicios. Dichas empresas cuentan con asesores jurídicos y técnicos formados y bien remunerados para esquivar la normativa y utilizar las enormes lagunas creadas.
En época muy reciente se ha utilizado la fuerza, la violencia e incluso a las Fuerzas de Seguridad para acallar y represaliar a los afectados por decisiones que acabaron en tribunales. Las grandes eléctricas gestionan el 96% de las presas, así que el poder de las empresas de energía, asociadas con las de construcción, acapara la toma de decisiones de una Administración que sigue sirviendo a sus grandes intereses y no a los de la ciudadanía que la elige para gestionar agua y energía de manera justa, democrática y transparente.
Agradecimientos
El autor quiere agradecer a la organización de esta obra colectiva el haber contado con él para investigar estos temas. Al ingeniero de desarrollo e investigación en redes eléctricas Guillem Planisi por la supervisión de los temas más técnicos. Y especialmente un reconocimiento y un apoyo incondicional a todas aquellas personas y asociaciones víctimas de la violencia que dedicaron sus vidas a la lucha contra la injusticia. Su legado es un tesoro que sabremos custodiar.
Antonio Aretxabala Díez.
