Navarra y la investigación geológica han vivido épocas de claro enfrentamiento desde tiempos inmemoriales. En primera instancia, ciertos prejuicios religiosos vieron en los acontecimientos telúricos y climáticos la ira divina contra unos habitantes viciosos y pecadores; así, por vergüenza ante otros reinos, esos eventos eran tachados o borrados de los archivos como castigos divinos. Al llegar la era científica muchos habían desaparecido de la memoria escrita, quedando velados acontecimientos importantes para planificar el territorio. Ello llevó a cometer errores importantes de distribución del suelo y exponer infraestructuras y a miles de personas a fuerzas incontrolables como inundaciones, grandes deslizamientos o terremotos. Algunos fueron rescatados por el estudio geológico y geohistórico, pero con la llegada de la economía especulativa cambió la divinidad, no las intenciones de ocultación. Dejaron de ser castigos divinos y se convirtieron en obstáculos para los beneficios a corto plazo si la factura medioambiental de la explotación geológica no podía ser cargada al territorio y sus habitantes [5]. Así es como
se consolidó un enfrentamiento que ganó en complejidad científica, jurídica y normativa.
2. El insuficiente conocimiento geológico en Navarra La dilatada tramitación del Proyecto Mina Muga por Geoalcali, filial de Highfield Resources, adolece, al igual que su vecino, el fracasado proyecto de recrecimiento de la presa y el embalse de Yesa, del desconocimiento geológico del área donde ambas se implantaron. Si Yesa falló fue porque se actuó sobre el terreno con una desmedida falta de conocimiento geológico, algo necesario, pero no suficiente para no forzar una catástrofe como la sucedida en 2013 cuando la ladera derecha se movió más de 30 cm, hubo que desalojar, expropiar forzosamente y demoler dos urbanizaciones, la vieja presa se levantó en el estribo norte, se activó el nivel de Alerta 1. Comenzaron los
palos de ciego que aún hoy acarrean perjuicios y desavenencias como los denunciados en 2018 por el Tribunal de Cuentas, en 2019 por el propio Gobierno de Navarra que pidió su paralización, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en 2020 reivindicando la retirada estratégica [15] o el Ayuntamiento de Sangüesa en 2020 y 2023 exigiendo no llenar el vaso por los riesgos demostrados que conlleva. Pero se siguió adelante a sabiendas de los problemas que acarrean los procesos geotécnicos irreversibles puestos en marcha,
sometiendo conscientemente a la población a mayores niveles de exposición y riesgo.
En acciones dedicadas a comprender una dinámica compleja como la que comparte por ubicación y pasado geológico con Mina Muga en las inmediaciones, ocurrió algo similar en su ámbito minero: poner de manifiesto la falta de definición, profundidad e imprecisión de un proyecto que, al igual que el malogrado proyecto de Yesa, se vendía en la prensa local como ejemplar, de referencia internacional y de puesta en valor de las mejores técnicas y metodologías de explotación del siglo XXI [13]. El recrecimiento de Yesa (mayo de 2001), tras casi 25 años y 500 millones, no tiene fecha ni de estabilización, ni de finalización ni de puesta en obra, iba a ser finalizado en 2006 cumpliendo el presupuesto de 113 millones. Mina Muga, mucho más reciente en el tiempo (mayo de 2013) ni siquiera supera los trámites administrativos necesarios porque al final, aflora su objetivo inicial, que nada tiene que ver con el beneficio común.
3. El intento de solucionar problemas aplicando los mecanismos que los generan Recientemente ha sido presentada por
Iberian Copper, SL, y admitida a trámite la solicitud del permiso de investigación denominado Cáseda 3606 de la Sección C), de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, de 281 cuadrículas mineras, en los términos municipales señalados en la figura 1. La UE impulsa la diversificación de sus fuentes de materiales geológicos como el cobre, considerado mineral crítico, y reducir la dependencia de países como China donde se obtiene la mayor parte del magnesio y un porcentaje significativo del cobalto. El cobre sería un mineral esencial para la transición energética de carácter renovable eléctrico industrial (REI), la digitalización y el sector del armamento de alta precisión, siendo utilizado en vehículos eléctricos, energías renovables y la electrónica de la última generación de dispositivos para la guerra impulsada por la UE con el Plan
ReArm Europe/Readiness 2030 presentado en marzo de 2025. La Ley de Materias Primas Críticas, aprobada en 2023, estableció objetivos ambiciosos para la producción y el procesamiento de estos materiales dentro de la UE. España, con sus yacimientos mineros históricos y empresas formadas a la luz de las subvenciones y ayudas a la exploración y posterior explotación, como
Iberian Copper, SL, juegan un papel clave en esta estrategia. Las maniobras de participación público-privada están siendo un caldo de cultivo para la especulación con las dimensiones de yacimientos históricamente agotados, la excusa de las nuevas tecnologías de extracción, puestos de trabajo, futuro de las comarcas y dejan en manos privadas pingües beneficios a corto plazo que suponen las subidas en bolsa tras cada anuncio, contrastado o no, de encontrar un filón de tal o cual recurso geológico. Recordemos que el que fuera mayor defensor del proyecto Mina Muga, el socialista Santos Cerdán dijo refiriéndose a Mina Muga que «Geoalcali va a pagar 200.000 euros diarios en impuestos y que ni siquiera SEO BirdLife ve inconveniente en seguir adelante». Pues bien, esta vez los actores son los mismos. Mismo director ejecutivo, misma dirección social en Salamanca y mismo capital inicial de 3.000 € que el proyecto de Mina Muga para la extracción de silvinitas (potasa).
En el verano de 2020 la Fundación Sustrai Erakuntza presentó el informe
La minería en navarra ante el nuevo contexto histórico de transición energética y global [3] que fue distribuido a toda la sociedad navarra, a los grupos políticos y a empresas del sector industrial y extractivista. Estaba fundamentalmente enfocado a la industria minera de Navarra, aunque el contexto histórico descrito se generalizaba para todo el tejido productivo de la Comunidad Foral, España y Europa. Se basó especialmente en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (2015), en el Dictamen SC/048 de la UE sobre nuevas economías (2018) que fueron presentados a la sociedad de Navarra por varias de sus consejeras en noviembre de 2019 con las propuestas de transición energética y nuevos modelos económicos e industriales y con otros documentos de la UE que ya marcaban la agenda de transición que, vimos, vemos y mostramos, tenía un recorrido muy corto por cómo las supuestas bases científicas sobre las que se basaba eran más bien deseos que posibilidades y que los mecanismos que habían generado la policrisis que avanza inexorablemente no podían solucionarla [5].
En el informe se dio un repaso a los diferentes desarrollos socioeconómicos que propiciaron aspectos importantes en la evolución de la minería a través de la historia, porque era necesario, tras la pandemia y la aprobación de los fondos para la recuperación, transformación y resiliencia, cumplir el objetivo principal: intentar compartir un diagnóstico actualizado del porvenir del sector minero con respecto a los que interactúan con él: industria, obras públicas, agricultura… En 2020 acabábamos de dejar la última época de crecimiento continuo y dinámico de la actividad industrial y económica global, y concretamente en el sector de la minería nos encontramos ante un período que se vislumbraba y vislumbra largo en cuanto a contracción de la actividad minera tradicional y expansión de la especulación y el maquillado de cifras sobre recursos geológicos estratégicos, a pesar de que la demanda de muchas de las nuevas explotaciones iba a crecer en relación a nuevas tecnologías denominadas verdes y a la transformación digital, la realidad geoestratégica y los nuevos sectores en auge; al menos es así es como nos la hacían ver.
En aquel informe de junio de 2020, analizamos y mostramos cómo durante las dos primeras décadas del siglo XXI hizo su aparición una nueva manera de relación con los productos geológicos basada en la especulación financiera y el beneficio cortoplacista que pasaba de mano en mano hasta la explosión final. Dicha dinámica no era novedosa, sino emergente, pero ya había permeado a la comunidad empresarial minera de Navarra y ha sido la única que ha crecido y ha dejado una buena cantidad de residuos tóxicos en las instituciones: engaños, corrupción y portadas de medios de comunicación vergonzantes. Esta manera de actuación propició (y vemos cómo lo sigue haciendo) la creación y estallido de burbujas indeseables. En primer lugar, porque llevan irremisiblemente a la recesión y a la pobreza como explicamos en aquel informe, además provoca las crisis del sector, las crisis políticas y la pérdida de confianza y credibilidad de nuestras instituciones recogidas en el ODS16 de la Agenda 2030.
4. El fracaso de intentar crecer en un contexto tecnológico de rendimientos decrecientes La nueva ola de la crisis ambientales y sociales (policrisis) que carece de precedentes históricos para tomar como referencias y orientarnos no comenzó con la pandemia de COVID-19, ésta fue solamente un catalizador de un declive que vino anunciado con señales muy claras a las que, consciente o inconscientemente, se obvió de manera mayoritaria. Así es como un lustro después, vemos que la
transición energética basada en la nueva
minería sostenible se ha quedado en un eslogan, sobre todo porque nunca fue un concepto científico, menos aún geohistórico [11]. El nuevo concepto de
minería sostenible irrumpió con fuerza tras el colapso de los mercados de 2008 como pilar fundamental para una transición justa, pero de hecho, la minería es cada vez más especulativa. Con los itinerarios de transición nos propusimos sustituir la minería por modelos de extracción sostenibles que debían mitigar los impactos ambientales y sociales de manera notable, presentándose como el sector más transversal de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y presente desde el primero de ellos u
ODS1: la minería y el fin de la pobreza, o el segundo
ODS2: la minería y la erradicación del hambre, y así sucesivamente, la minería y la salud, el bienestar, igualdad, trabajo digno, cambio climático, paz, fortalecimiento de las instituciones (ODS 16), etc. [6].
Si vemos de dónde venimos, podemos certificar que las anteriores revoluciones industriales nada tuvieron de transiciones energéticas, fueron expansiones masivas de materias primas extraídas a la tierra a través de la esclavitud, la minería y, sobre todo, de fuentes de energía fósil. Prueba de ello es que muchas de ellas nunca dejaron de estar obsoletas, ni siquiera la esclavitud (hoy es el momento de la historia que más esclavos hay en el planeta, unos 50 millones, una cuarta parte, niñas y niños en el sector minero y textil), el aceite de ballena, el carbón, el cobre, el wolframio [7]... En aquel verano de 2020 analizamos las posibles trayectorias y grandes retos que se presentarían para superar el impacto de la policrisis que se acelera de forma innegociable por lo explicado en su momento y, a la luz de esas posibilidades, analizamos proyectos que se encontraban en trámite como las ampliaciones de Magnesitas Navarras, la explotación de potasa de Geoalcali, de áridos para obra pública y edificación o los proyectos durmientes de extracción de hidrocarburos [3].
La policrisis sistémica es la propia realidad del sistema mercantilista que, o bien nos abandona o bien nos aniquila, y siendo creada por él, no se puede solucionar desde los propios mecanismos que la generan. Las administraciones suelen percibir que la asignación de más recursos económicos para esos mecanismos sí lo pueden conseguir: la propia crisis económica que se ha creado —como la medioambiental y la social que genera y se amplifica en las nuevas condiciones de irreversible declive energético y de recursos— tendría entonces una solución economicista en la que la ciudadanía, en vez de ser un sujeto activo del cambio, adquiere un papel pasivo y no interviene en las decisiones que tanto afectarán a las generaciones actuales y futuras [4]. Éstas últimas, además, no pueden participar en decisiones que marcarán sus vidas, porque o bien no han nacido o aún son niños [2].
5. El pacto verde y el crecimiento disociado del consumo de recursos Fue en ese momento de 2020, coincidiendo con la difusión de nuestro informe, que el Gobierno de Navarra presentaba con gran euforia una hoja de ruta del Pacto Verde o
Green Deal confiando en lo que conocemos en círculos científicos como
crecimiento verde. Entonces ya adelantamos que el crecimiento económico disociado del consumo de materias primas (Mikel Irujo, 2020) y minerales carece de base empírica; es prácticamente imposible que los niveles de eficiencia y automatización basada en la digitalización y la IA previstos pudieran materializar esas expectativas si no se acompañaban de un cambio radical de organización social que sigue enfocado al crecimiento del beneficio empresarial, que es lo que se hizo y por eso fracasó. Porque realmente si el objetivo es la disociación entre la economía y el consumo de recursos, entonces el objetivo es el decrecimiento económico; éste, no obstante, se está transitando por razones puramente geológicas, físicas y biológicas, que poco o nada tienen que ver con los deseos de las empresas, sus grupos políticos influyentes o los datos que ofrecen indicadores como el PIB y el IPC.
Si se quiere crecer es necesario el aumento del consumo de recursos y, sobre todo, de energía cuyas tasas de retorno energético están en declive irreversible, algo, además imposible si va frenado por el traspaso de límites como la contaminación o las dinámicas a coste cero que nos brindaba una biodiversidad que va siendo aniquilada [7].
No hubo desmaterialización de la economía porque ésta se realizó en otros territorios con
salarios más competitivos, sin embargo, la superficie contaminada se triplicó sin apenas crecimiento de la actividad económica local; y a nivel global, seguir teniendo fe en ello es una suerte de pensamiento mágico, ya que la eficiencia tiene límites marcados por las leyes de la termodinámica y las ganancias en eficiencia, en contextos económicos diseñados para el crecimiento, siempre conllevan un aumento y no una disminución del consumo de recursos. La apuesta por una transición energética de carácter REI choca con la caída continua desde 2008 del consumo de energía eléctrica en nuestras sociedades termoindustriales.
La sabiduría popular lo ha experimentado e interiorizado. Y es que la sabiduría popular fue desarrollándose desde cosmovisiones que han perdurado a través de los tiempos en armonía con la naturaleza y las propias sociedades por pura supervivencia.
6. La defensa del territorio y de los medios de vida Incluso cuando la alta tecnología y la rotura de la relación circular con el medio que garantiza nuestra existencia irrumpieron con la revolución industrial, la mayoría de las comunidades que supieron sopesar y balancear un aprovechamiento humano y comunitario, cuidaron y defendieron sus patrimonios por el bien común [6].
Los planes de recuperación, transformación y resiliencia que fracasan, tras haber trincado esas élites el poderoso estímulo de los fondos europeos, llevaban años puestos encima de la mesa en versión descentralizada, desjerarquizada, desglobalizada [10], por asociaciones culturales, científicas, fundaciones e incluso grupos vecinales que fueron sistemáticamente obviados o ridiculizados desde las propias instituciones [7]. Éstas, si no reculan y se vuelven parte de la solución, seguirán siendo parte del problema y necesariamente caerán una y otra vez en la corrupción.
La malograda transición energética de carácter REI hacia las tecnologías de captación de energía renovable y la mal denominada
minería sostenible (con la única excusa del cambio climático) hace aguas porque solo ha sido un nuevo nicho de negocio para los de siempre y afecta de manera negativa directa o indirectamente a los tres principales límites sobrepasados que atentan contra la vida: contaminación, pérdida de biodiversidad y destrucción de los ciclos de nitrógeno y fósforo. Los directivos más honestos de las propias empresas energéticas y los bancos lo reconocen: «no hay transición energética sin justicia social». Una vez acaparados los incentivos fiscales y los dineros públicos volvemos a lo de siempre. El negocio es el negocio [9].
La propia Alianza Mundial de Banqueros por el Net Zero (GFANZ), creada en 2021 para agrupar a los bancos más grandes del mundo con el objetivo de «lograr los objetivos del acuerdo de París y acelerar la transición energética» se disuelve mientras amparan conflictos armados para hacerse con nuevas concesiones para petróleo, cobre, litio, cobalto, y minerales estratégicos [8] [9], aunque sea a costa de cargarse el mayor sumidero terrestre de carbono del mundo o superar los cincuenta millones de esclavos, niñas y niños trabajando en la extracción de esos minerales eufemísticamente «de manera artesanal» o en un sector textil con impactos ecológicos y sociales sin precedentes [2].
7. Comunidades prósperas en un contexto de contracción sin corrupción Podemos y debemos ir avanzando hacia comunidades prósperas, capaces de proveer alimentos, comodidades, educación y sanidad universal sin depender de microchips o dispositivos digitales en toda la cadena de la actividad económica [1]; de hecho, estamos permitiendo una mutación hacia un ecosistema digital cada vez más enfocado a la dispersión, el control y la guerra [2].
La sociedad puede mejorar de forma sostenible el bienestar sin necesidad de aumentos en el PIB [4] [5]. Bajo el prisma de los 17ODS, este indicador no es ningún exponente de bienestar; bajo la lupa del Dictamen SC/048, el aumento actual del PIB podría también definirse como una medida de destrucción de los ecosistemas, de la degradación del medio que garantiza el bienestar y la vida y de la desposesión de las comunidades, solo hay que entrar en un supermercado para experimentarlo. Así que nuestro objetivo ahora es superar una dinámica económica que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. La minería en Navarra se va a desarrollar en un contexto histórico en que esta sensibilidad emergente está impregnando ya a toda la sociedad [3].
Durante estos últimos cinco años, muchos nos sorprendíamos por cómo la desmesurada concatenación de errores, generalidades y problemas evidentes del proyecto Mina Muga de Geoalcali eran ignorados durante la tramitación, en unos casos podría ser por incompetencia, en otros casos interés, o en otros porque parecía más fácil mirar hacia otro lado (Óscar Pueyo, 2025). Hoy sabemos que nuestros diagnósticos de 2020 sobre este tipo de prácticas se quedaron muy cortos al no contar con que las praxis especulativas descritas entonces, probablemente iban a sobrepasar la línea roja de la corrupción dentro de las propias instituciones. Pero parece que así fue.
Corruptores y corrompidos estaban siendo protagonistas de la transición verde: abrían portadas de diarios y televisiones como grandes emprendedores portadores de unas falsas expectativas que entonces Sustrai Erakuntza ya desenmascaró como un error cuyas consecuencias tarde o temprano traerían el sufrimiento, la desconfianza y golpearían con fuerza a las expectativas de la sociedad navarra y especialmente a los partidos que están en el Gobierno de Navarra.
Y es que desde hace décadas, la ciudadanía está desarrollando un sexto sentido y una responsabilidad sin precedentes ante el avance del caos informativo y la destrucción del medio. El Dictamen SC/048 o los 17 ODS de la ONU no son cursos de maquillaje, usurpación ni uso de pintura verde. Hay más ciencia en las calles que en las instituciones o en las fuerzas políticas que se autodenominan progresistas. En el año 2015 se hicieron reuniones con administraciones locales y autonómicas, era importante dar a conocer los problemas del proyecto Mina Muga, la baja precisión de los informes que denunciaban las asociaciones ambientalistas aragonesas y navarras era patente y ya se vislumbraba un estudio de explotación preliminar con escasa evaluación de impactos y sus consecuencias [12].
La propia realidad de la geología local estaba en pañales y recordemos que la complejidad tectónica y geotécnica del área estudiada ha dilatado las obras del recrecimiento de Yesa en un cuarto de siglo, quintuplicando el presupuesto inicial y sin posibilidad de explotación en el horizonte 2030. Por el camino quedaron cientos de personas evacuadas, sus viviendas forzosamente expropiadas y el territorio arrasado y convertido en una bomba de relojería para miles de personas que habitan las comunidades aguas abajo, aunque desde nuestras instituciones se afirmasen majaderías como «Si bien hay movimiento en Yesa, tiene una estabilidad suficiente» (Amparo López, consejera de Interior del Gobierno de Navarra, 2023). Las reprimendas del Tribunal de Cuentas, las advertencias del Gobierno de Navarra de Uxue Barkos o las puntualizaciones del Relator de la ONU por el derecho al agua (Pedro Arrojo) con la FNCA y la Universidad de Zaragoza no fueron suficientes.
En los trabajos cooperativos y colaborativos para recurrir Mina Muga, como analizar 15.000 folios en 30 días [14], las plataformas en defensa del territorio consiguieron realizar en el verano de 2017 la revisión del expediente, conseguido de manera indirecta, como sucedió y sigue sucediendo con los datos a interpretar del embalse de Yesa. Fue en esta época cuando los investigadores nos topamos con los mayores escollos para poder consultar ambos proyectos, así como reiterados problemas de acceso a la información.
Era la propia administración la que estaba obstaculizando el
Convenio de Aarhus o
Convenio sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, un tratado internacional que establece los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. Este convenio otorga a los ciudadanos y a las organizaciones que los representan el derecho a acceder a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones ambientales y a tener acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ahí, antes que en las propias mordidas es donde nace la corrupción.
Al margen del lamentable oscurantismo que ha gobernado desde el principio todo el impacto al territorio para favorecer intereses privados y fomentar la corrupción, aquellas alegaciones sirvieron para reformular un impecable documento que analizaba todos y cada uno de los apartados, capítulos y problemáticas incorrectamente evaluadas o insuficientemente analizadas y no sólo una vez, sino dos, como bien apuntaba el geólogo Óscar Pueyo. Se procedió a la exposición y subsanaciones mediante una tramitación que debería haberse, al menos, reiniciado o peor aún, archivado para siempre.
Se presentó el documento detallado y claro con más 100 páginas de alegaciones que incorporaba por fin los inasumibles riesgos geológicos, ambientales y de viabilidad económica de la propia explotación. Además, los aspectos señalados por las plataformas en defensa del territorio fueron confirmados por las administraciones involucradas como el IGME en relación al riesgo sísmico y la exposición de infraestructuras y personas o la CHE en materia de impacto a la calidad de aguas.
Es obvio que ya entonces, aunque la mayoría de la gente no lo supiera, había intereses ocultos mientras una ciudadanía responsable trabajaba de manera altruista por el futuro del territorio, sus comunidades, incluidas las humanas, sus descendientes y sus medios de vida. Ahora sabemos que, al mismo tiempo, otras personas operaban entre bambalinas y aprovechaban los púlpitos de la propia administración mientras con fondos públicos atacaban e intentaban desprestigiar a los movimientos sociales que defendían el medio que garantiza la vida. Por si era poco, hoy también sabemos que tanto en Navarra como en Aragón pudo haber mordidas que apuntan al mismísimo corazón de los grandes partidos de Estado.
Años después de tramitaciones y de denuncias constantes de los problemas ambientales no resueltos de Mina Muga, ésta recibió una sorprendente declaración de impacto ambiental positiva justo en el momento en que los promotores iniciales con varios millones de euros de beneficio habían ido vendiendo su participación en bolsa tras los repuntes de cotización ante las buenas noticias creadas artificialmente sobre el material a explotar o el consiguiente chantaje de los puestos de trabajo, tal y como Sustrai Erakuntza adelantara en el informe citado en junio de 2020 [3].
La subsanación de los grandes errores detectados, se harían, al igual que en Yesa, según avanzase la obra, por el
método observacional (ensayo-error). Esto fue lo que nos llevó a plantear si la experiencia minera no era ya en exclusiva una nueva manera de especulación en bolsa con cifras hinchadas, uno de los capítulos más importante que se trataba en el informe citado presentado por Sustrai Erakuntza en 2020 [3], pero ahora con la desagradable constatación de la existencia de una probable trama de corrupción con cómplices dentro de las administraciones. El proyecto sigue sin solución en cuanto a la sismicidad, los impactos de CO
2, gasto en diésel, la interacción con Yesa o los millones de residuos a generar y a acumular que tantos problemas de contaminación y subsidencia están provocando en la Sierra de El Perdón décadas después de ser abandonadas las explotaciones (1997).
Así que el proyecto que nunca debió ser permitido se caracterizaba por las donaciones y obsequios recibidos por unos administradores hipnotizados, las centenares de horas dedicadas a defender el territorio de una ciudadanía responsable y el crecimiento de las cuentas corrientes de los más avispados desde un proyecto nacido en la calle Princesa de Salamanca con 3.000 € de capital que compró a la prensa, a varios administradores y cotizó mucho más en las administraciones navarras y aragonesas que en la bolsa de Sidney, todo ello envuelto en el chantaje de los puestos de trabajo, el futuro de la despoblación, la vertebración del territorio, la España vaciada, etc., replicando los mismos problemas que la despoblaron [10].
Aquellas maniobras fueron amparadas por estudios sociológicos tergiversados e interesados para defender la viabilidad social y económica de un proyecto sin fundamento científico ni contraste social. Las nuevas propuestas de
Iberian Copper, SL, con respecto a minerales declarados por la UE como «críticos», entre ellos el cobre, acaban de nacer desde los mismos patrones. El fantasma de la corrupción ahora sí estará presente desde el principio.
8. Engaños, injusticias y corrupción En el mes de junio de 2025 salieron a la luz detalles esclarecedores de lo que era Mina Muga. Explican de forma cristalina la defensa incondicional de ciertos representantes políticos del proyecto. Algunos han aparecido en los informes de la UCO del
Caso Koldo. Otra vez las mismas empresas y sus verdugos políticos pretenden hacer negocio con la destrucción del territorio, las comunidades y sus medios de vida. Primero vaciaron fértiles territorios en beneficio de oligarcas, hundieron a las clases medias, arrojaron a capas enteras de población a la ruina y endeudaron como nunca a las familias, luego asumieron que sus beneficios eran compatibles con la ruina de suelos y la muerte de los ríos, apostaron por urbanismos buldócer, sustituyeron fértiles llanuras de inundación que nos dieron de comer por urbanizaciones tras ser selladas con hormigón y asfalto, abandonaron áreas vulnerables a subsidencias, percolaciones e hidrosismicidad (El Perdón, 2013) [5], desentendiéndose de unos depósitos de estériles de mina que llevan décadas contaminando aguas y suelos.
Se ha dado el visto bueno a grandes superficies comerciales en llanuras aluviales (Tafalla, 2019), macrogranjas que arruinan acuíferos, infraestructuras insostenibles en terrenos convertidos en inestables, algunas abandonadas y en casos concretos bombas de relojería para miles de personas, presas sobre terrenos que se deslizan con un movimiento
extremadamente lento o con
estabilidad suficiente o redes de distribución de energía y recursos sin garantías de funcionalidad ante el declive energético. Si los lobos verdes vuelven a mirar con voracidad las conquistas comunitarias, tras haber acabado con casi todas las consolidadas redes de funcionamiento comunitario, deberemos reconstruir unas instituciones que sepan contener su codicia y su violencia desde la idea de que actualmente la reducción del metabolismo energético-económico es innegociable y puede ser sano. Decrecimiento o empobrecimiento, esa es la cuestión que afrontamos independientemente de las aspiraciones de una clase política que no está dando la talla para reconocer el momento histórico que vivimos. Porque lo que sí podemos saber con certeza es que la anomalía histórica de la era termoindustrial, la del crecimiento económico ilimitado, que fue la característica definitoria del capitalismo financiero neoliberal, globalizado y fosilista, el que conocimos quienes escribimos y quienes leen estas líneas, ha terminado de verdad [5].
Estamos rediseñando con apremio nuestros conceptos de valor y prosperidad, de ética y solidaridad; precisamente para reconstruir nuestras sociedades con miras a ir adaptándolas a esta extraordinaria era de transición en la que la pobreza a nuestro alrededor se va a convertir en una compañera habitual y un quebradero de cabeza si no tomamos medidas urgentes, técnicas y sobre todo, sociales [11]. La honestidad científica, como apuntamos, pasa por no edulcorar datos. No podemos permitir el obstaculizar la investigación geológica con las maneras de la Edad Media si no apuntalan las expectativas de beneficio cortoplacista de quienes se creen élite, por eso es importante que nuestras instituciones y toda la ciudadanía la defendamos si queremos transitar, de verdad, hacia un mundo habitable para quienes aún vivimos, para nuestras hijas y para nuestras nietas.
Antonio Aretxabala, doctor en geología, investigador independiente.
Evolución de la geomorfología de la ladera derecha de Yesa (2008-2020) desde el satélite Sentinel-1
