Queridas y queridos lectores. Tras las últimas noticias sobre el movimiento de los aliviaderos de la presa de Yesa y la solicitud hecha por varios grupos al Senado para que impulse una Comisión de Investigación sobre el recrecimiento de Yesa —especialmente en su marco económico, tal y como Pedro Arrojo, Relator para el Derecho al Agua de la ONU y yo mismo pedimos en 2016 y 2018 en el Parlamento de Navarra y en Cortes de Aragón—, leo en la prensa que se ha cumplido un año desde que el Ministerio para la Transición Ecológica entregó un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España (CICCP) al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sobre la seguridad de Yesa y su futuro. Un informe que, sin embargo, el Gobierno de Navarra asegura no haber recibido.
Más de 21 años han pasado desde que Jaume Matas (actualmente cumpliendo varias condenas por corrupción en diversas tramas delictivas) pusiera la primera piedra que, el 18 de mayo de 2001, inauguraba las obras de recrecimiento del embalse de Yesa. Un presupuesto de 113 millones de euros (equivalentes a los 18.800 millones de pesetas de la época) sería la adjudicación inicial para una obra que estaría terminada en 2005.
Sin embargo, los primeros informes técnicos advirtieron que la obra se alargaría hasta el año 2009. Tras las modificaciones pertinentes basadas en cambios en el proyecto inicial, se realizaron más informes y el periódico El Mundo sacó a relucir un enorme deslizamiento en la ladera izquierda en 2007 que tuvo que ser admitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poner el horizonte en el año 2015.
En ese transcurso de ampliaciones, especialmente tras la catástrofe de 2013, brotaron nuevos informes que detectaban graves problemas geotécnicos en ambas laderas, por lo que el horizonte para culminar la majestuosa ampliación se fue a 2016 y posteriormente a 2017 como definitiva. Así se le comunicó a los grupos políticos y a la sociedad en general, incluso desoyendo las voces de varios expertos afirmando la imposibilidad de cumplir tan atrevida promesa.
Entonces, fue el Tribunal de Cuentas —una entidad de todo, menos de carácter
geológico— la que en 2018 dio un golpe encima de la mesa por el desvío presupuestario
que ya era el triple y el desfase temporal (habían pasado más de 12 años
desde la fecha de entrega inicial), poniendo en tela de juicio “su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que debe responder”.
Pero los caprichos del destino se lo llevaron a 2019 y una naturaleza algo terca se empeñó en que no, que tampoco. Así que el Gobierno de Navarra pidió, por algo más de 240.000 euros, otro informe de ámbito internacional y definitivo que recibió en diciembre de ese año 2019.
El Gobierno de Navarra acogió con notoria alegría el hecho de que la ladera derecha, que había sido la más rebelde, estuviera en “equilibrio estricto”, es decir, ni estable ni no estable, tal y como transmitió su portavoz, Javier Remírez, desde los medios de comunicación institucionales y privados a la ciudadanía, a nuestra empresa pública (CHE) y a las formaciones políticas navarras. Entonces 2020 sería la fecha definitiva.
Yesa: equilibrio estricto, factor de seguridad (FS)
Pero 2020 se había estrenado con nuevas grietas como manifestación superficial de las superficies de rotura recién formadas. Necesariamente vinieron acompañadas de nuevos informes, los cuales ya fueron presentados online tras la pandemia mundial declarada por la OMS, algunos de ellos independientes, como los de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Nueva Cultura del Agua o de la Universidad del País Vasco.
Así que 2021 sería la fecha. Pero como a perro flaco todo son pulgas, en 2018 el Gobierno de M. Rajoy ya había dejado un regalo envenenado con otro informe definitivo, el de verdad de los definitivos, el encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de España (CICCP) antes de salir del Gobierno de España tras la moción de censura por las graves sentencias de corrupción que condenaron al partido en el poder; el informe sería entregado en 2020 pero se pidió una prórroga y se fue a 2021.
El actual Gobierno de coalición se vio en la necesidad de asegurar que sería 2023 la fecha definitiva. No obstante, tampoco iba a ser ese el final de la obra del siglo. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a través de varios medios de comunicación, fue la encargada de dar a conocer la nueva fecha: 2027. Se habían movido hasta los aliviaderos de la presa por lo que éstos deberían ser anulados y reconstruidos en algún lugar estable, el más cercano pillaba a más de 50 metros de los actuales.
Evolución media del Factor de Seguridad (FS en rojo) de informes realizados
entre 2001 y 2021. Obsérvese cómo éste disminuye con las ampliaciones de los presupuestos (en verde en
millones de euros) que vinieron con las sucesivas modificaciones del
proyecto.
En este itinerario de 21 años en que algunos que ya son padres nacieron bajo la amenaza de las inestabilidades irresolubles de Yesa, un número de dos cifras de informes y un presupuesto que se acerca a los 500 millones de euros han sido incapaces de asegurar la obra, sus plazos y el entorno.
Muy al contrario, como observamos en este gráfico recopilatorio (como el de arriba) que recoge la evolución media del Factor de Seguridad (FS) de informes realizados entre 2001 y 2021, las ampliaciones de los presupuestos (en millones de euros) que vinieron con las sucesivas modificaciones del proyecto, supusieron una merma en la seguridad, culminando en 2020 con la aceptación de someter a mayor riesgo y amenaza a la población (este paso importante se explica en este vídeo a partir del minuto 21':30'' o al final de este artículo en el mismo vídeo que lo cierra).
Dos urbanizaciones, El Mirador y Lasaitasuna, han tenido que ser forzosamente expropiadas y demolidas. La presa vieja se levantó en el estribo derecho casi dos centímetros y la ladera que la sustenta se deslizó más de 30 centímetros, mientras aún sigue dando sobresaltos a la población de Sangüesa de cuando en cuando. Los nuevos deslizamientos se activan y desactivan al son de las lluvias, los llenados o los vaciados. De los nuevos aliviaderos nada se sabe.
El Ministerio para la Transición Ecológica entregó hace un año un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de España (CICCP) sobre la seguridad de Yesa a nuestra empresa pública CHE y al Gobierno de Navarra.
Lo que sí se sabe es que, gracias a las preguntas de un senador de Compromís, Carles Mulet, que ni es navarro ni aragonés, el Ministerio de Teresa Ribera entregó hace un año el informe definitivo de los definitivos a nuestra empresa pública CHE y al Gobierno de Navarra, el del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de España.
Nadie, que se sepa, conoce su existencia y con la pregunta del parlamentario Adolfo Araiz al Gobierno de Navarra sobre su paradero y conclusiones, el pasado mes de abril llegó la sorpresa. La respuesta literal del Ejecutivo, firmada por el consejero de Interior y vicepresidente Javier Remírez, decía:
"A la espera de su conclusión, el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna información referente al estado del dictamen final del informe encomendado al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (ICCCP) al que hace referencia ...". Así que tal y como publicó en abril de 2022 el Diario de Noticias “Nadie sabe, por tanto, en el Ejecutivo navarro, o al menos no hay constancia, de que dicho informe esté concluido ni el contenido que se detalla en el mismo, y si por tanto avala la continuidad de la obra”.
Decenas de informes definitivos desde 2001, que dejaron de ser definitivos tras cada deslizamiento previamente calificado como imposible, cada grieta tapada, cada rotura… Y si todos esos informes definitivos con fecha de caducidad no hubieran sido suficientes, ahora nadie sabe dónde está el que debería ser el nuevo informe más definitivo de todos, el informe que debería avalar la seguridad de Yesa y que se encargó hace cuatro años. Nadie lo encuentra, ni en cajones ni en ordenadores.
Y mientras tanto, entre tanta mentira, silencio, inutilidad, irresponsabilidad y temeridad institucional, ahí sigue una obra que nunca debió iniciarse, que se ha llevado por delante urbanizaciones, que dilapida ingentes cantidades de recursos económicos públicos, que impide una correcta gestión de los recursos hídricos en tiempos de cambio climático y que proyecta una alargada sombra de alto riesgo sobre las poblaciones río abajo.
Una bomba de relojería que evidencia dos cosas: la evolución histórica hacia situaciones cada vez más inseguras y un absoluto desprecio por la vida de miles de personas al asumir y alentar el aumento de esos riesgos y amenazas para favorecer nuevos negocios sufragados con dinero público.
¿En manos de quiénes estamos?
YESA 21 AÑOS DESPUÉS
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